Estados Unidos confirmó que destinará 1.800 millones de dólares en proyectos de ayuda exterior, con un enfoque político y estratégico. Según un documento enviado al Congreso, 400 millones serán para América Latina, dirigidos a enfrentar a los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba.
El gobierno de Trump indicó que la medida es parte de su política de “Estados Unidos Primero”, donde la ayuda internacional se reorienta hacia intereses económicos y de seguridad. El objetivo es limitar la influencia de regímenes que la administración considera “marxistas y antiamericanos”.
El plan también contempla un desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), lo que ha provocado despidos masivos y reducido el envío de alimentos y medicinas a varios países. Organismos humanitarios han advertido que estas decisiones ponen en riesgo a comunidades vulnerables.
El Departamento de Estado defendió la estrategia, señalando que la ayuda debe alinearse con las prioridades del gobierno. “Se priorizará el comercio sobre la asistencia, la inversión sobre la dependencia”, señaló un portavoz.
Más allá de América Latina, la Casa Blanca busca invertir en Europa y Groenlandia, financiando proyectos de desarrollo y conservación. El interés en Groenlandia responde a su riqueza en minerales críticos, un sector donde Washington busca competir directamente con China.
Críticas en el Congreso
La iniciativa ha generado críticas en el Congreso. La senadora demócrata Jeanne Shaheen calificó el plan como un “abuso del dinero de los contribuyentes”, acusando a la administración de financiar proyectos motivados políticamente, como en Groenlandia o en África, para presionar en temas migratorios.
En contraste, el Secretario de Estado, Marco Rubio, defendió el cambio. Dijo que Estados Unidos deja atrás un modelo “basado en la caridad” y apuesta por un enfoque de “crecimiento sostenible” que, según la administración, permitirá reforzar la influencia global de Washington en medio de la competencia geopolítica.
