Una investigación de la agencia de noticias The Associated Press (AP) reveló que decenas de familias migrantes que fueron separadas durante la primera administración de Donald Trump han vuelto a enfrentar procesos de separación, detención o deportación bajo las actuales políticas migratorias de Estados Unidos.
El reportaje señala que varios de estos casos involucran a familias protegidas por acuerdos judiciales alcanzados tras la polémica política de separación familiar aplicada en la frontera entre Estados Unidos y México en 2018, cuando miles de menores fueron apartados de sus padres mientras tramitaban procesos migratorios.
Uno de los casos expuestos es el de Ederson Galicia Alva, un niño guatemalteco de 11 años que fue separado de su madre por primera vez en 2018, cuando tenía apenas tres años. Según la investigación, permaneció durante más de cuatro meses en un albergue gubernamental antes de ser reunificado con ella tras la intervención de abogados y organizaciones defensoras de migrantes.
La historia volvió a repetirse en junio de 2025, cuando agentes migratorios detuvieron a su madre, Mirsy Maricela Alva López, mientras se dirigía a trabajar en Florida. Posteriormente fue trasladada a varios centros de detención y deportada a Guatemala, dejando nuevamente separados a sus hijos.
Después de permanecer casi un año en Guatemala, la familia logró regresar a Estados Unidos la semana pasada por orden de un juez federal que concluyó que las autoridades actuaron de forma ilegal al deportarla.
La investigación sostiene que, aunque las actuales separaciones no ocurren exactamente bajo el mismo mecanismo utilizado en 2018, muchas familias enfrentan situaciones similares debido a las deportaciones masivas impulsadas por la administración Trump. En numerosos casos, los padres deben decidir entre abandonar el país junto a sus hijos o dejarlos en territorio estadounidense.
El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt, quien encabezó la demanda que puso fin a la política de separación familiar, afirmó que estas acciones están provocando nuevas afectaciones emocionales a menores que ya habían sufrido traumas previos.
“No solo el Gobierno se ha negado a reconocer el horror de las separaciones iniciales durante el primer mandato de Trump, sino que ahora está deteniendo y deportando a estas mismas familias”, señaló el jurista.
La ACLU sostiene que más de 11,800 personas fueron afectadas por las separaciones familiares ocurridas durante la primera administración Trump y advierte que el número real podría ser mayor debido a la falta de registros completos.
En 2023, el Gobierno de Joe Biden alcanzó un acuerdo judicial que otorgó protección especial a las familias afectadas, incluyendo acceso a servicios legales, permisos de trabajo, apoyo psicológico y mecanismos para solicitar asilo. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos afirman que varias de esas garantías se han reducido desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Según documentos judiciales citados por AP, algunas personas protegidas por el acuerdo fueron deportadas pese a que las autoridades habían sido notificadas de su condición especial. Los abogados también denunciaron que numerosos beneficiarios han sido sometidos a controles migratorios más estrictos, incluyendo monitoreo electrónico y comparecencias periódicas ante agentes federales.
La investigación concluye que miles de familias continúan enfrentando incertidumbre sobre su permanencia en Estados Unidos mientras avanzan los procesos judiciales y migratorios relacionados con las políticas implementadas por la actual administración.
