El equipo legal del salvadoreño Kilmar Ábrego García denunció este viernes que las acusaciones presentadas en su contra por el gobierno de Estados Unidos carecen de sustento y representan un abuso de poder. El abogado Simon Sandoval Moshenberg aseguró que se trata de un caso “prefabricado” con cargos “sin ninguna evidencia verificable”.
“Lo que sucedió hoy fue un abuso de poder y todo lo opuesto al debido proceso”, expresó Moshenberg en conferencia de prensa. “El debido proceso significa tener la oportunidad de defenderse antes de ser castigado, no después”, añadió.
Kilmar Ábrego, de 29 años, fue deportado por error a El Salvador el 1 de abril, pese a contar con una protección judicial desde 2019 que le impedía ser removido del país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que se trató de un “error administrativo”. Ábrego fue recluido primero en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y luego trasladado al Centro Industrial de Santa Ana, hasta su reciente retorno a Estados Unidos.
La acusación federal, fechada el 21 de mayo, lo vincula a una supuesta red de tráfico humano entre 2016 y 2025, en la que habría movilizado migrantes, armas y drogas desde Texas hacia otros puntos del país. Uno de los episodios citados por los fiscales ocurrió en noviembre de 2022, cuando fue detenido en Tennessee conduciendo un vehículo con otras nueve personas. Aunque entonces solo se le advirtió por tener la licencia vencida, ese hecho fue incluido como parte de la evidencia en su contra.
Moshenberg reprochó que ni él ni la familia del salvadoreño fueron notificados de su retorno a EE.UU., y aseguró que esperan que Ábrego pueda testificar sobre las condiciones en las que estuvo recluido en El Salvador. “Vamos a demostrar que no hay nada de sustancia en esos cargos”, afirmó.
Por su parte, Ama Frimpong, directora legal de la organización CASA en Maryland, criticó que la esposa de Ábrego, Jennifer Vásquez, y los abogados se enteraran del traslado por los medios. No obstante, confirmó que Vásquez se mostró aliviada al saber que su esposo había sido devuelto a EE.UU., aunque ahora enfrenta un proceso judicial.
El diario The New York Times reveló que un supervisor de la oficina de fiscales en Nashville renunció recientemente, inconforme con la forma en que el caso está siendo llevado por el Departamento de Justicia.
La jueza federal Paula Xinis ya había determinado que la deportación de Ábrego fue ilegal y que el gobierno estadounidense actuó de “mala fe” al obstruir las órdenes judiciales y negarse a informar sobre los pasos para corregir el error. Aun así, la administración Trump solicitó desestimar la demanda, argumentando que Ábrego ya no se encontraba en territorio estadounidense.
La defensa insiste en que todo el caso está construido sobre la base de una declaración anónima que vincula a Ábrego con la pandilla MS-13, pese a que nunca residió en Nueva York, donde supuestamente ocurrieron los hechos denunciados. El equipo legal prepara ahora la estrategia para desmontar los cargos que califican como infundados.
