La Corte del Distrito Norte de California emitirá este jueves una decisión determinante para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) provenientes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
El fallo definirá si se otorga una extensión a este beneficio migratorio o si se concreta su finalización en las fechas ya programadas: el 5 de agosto para Nepal y alrededor del 8 de septiembre para los países centroamericanos.
Durante una audiencia clave celebrada el martes 29 de julio en San Francisco, la jueza federal Trina L. Thompson escuchó por casi dos horas los argumentos de ambas partes.
Los demandantes sostuvieron que la cancelación del TPS durante la administración del presidente Donald Trump fue impulsada por motivos raciales y careció de una evaluación objetiva sobre las condiciones actuales en los países de origen.
Del lado del gobierno estadounidense, los abogados argumentaron que la decisión obedecía a una nueva interpretación de la política migratoria por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, según asistentes a la audiencia, no se presentaron estudios sólidos ni justificaciones técnicas sobre la viabilidad del retorno seguro de los migrantes a sus países.
Incertidumbre y preocupación
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre y presente en la audiencia declaró que “los argumentos del gobierno se vieron muy débiles”, mientras que la jueza cuestionó directamente la falta de fundamentos claros para justificar la cancelación del TPS.
Con el corazón lleno de esperanza, viajo desde Florida rumbo a San Francisco para estar presente en la corte por el fallo del #TPS de los hondureños. Miles de familias dependen de esta decisión. ¡No están solos! #TPSHonduras #UnidosPorElTPS 💙✈️🇭🇳 pic.twitter.com/YgUPmEuA62
— Fundación 15 de Septiembre (@f15septiembre) July 28, 2025
Flores agregó que se solicitó una prórroga de al menos seis meses para evitar una separación familiar masiva.
El impacto de este fallo podría ser devastador para miles de familias que han vivido legalmente en Estados Unidos por más de dos décadas.
