Cuatro de cada diez migrantes recluidos en el centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los pantanos de Florida, son originarios de países centroamericanos, de acuerdo con una investigación conjunta publicada por los diarios The Miami Herald y Tampa Bay Times.
Según el informe, los guatemaltecos representan el 22 % de los casi 700 detenidos, seguidos por hondureños (9.5 %), nicaragüenses (4.9 %) y salvadoreños (3.1 %).
Otras nacionalidades presentes incluyen personas de México (21.5 %), Cuba (11.6 %), República Dominicana (5.1 %), Colombia (4.8 %), Venezuela (4.5 %) y Haití (2.3 %). En total, el 95 % de los internos son de América Latina, aunque hay registros de migrantes de más de 40 países distintos, incluyendo Brasil, Jamaica, Perú, Argentina y Uruguay.
El centro de detención, apodado “Alligator Alcatraz” por su ubicación remota y cercada entre pantanos, ha recibido fuertes críticas por parte de legisladores demócratas, organizaciones de derechos humanos y líderes religiosos. Tras una visita reciente, un grupo de congresistas de Florida denunció que los migrantes están “enjaulados como sardinas, soportando temperaturas extremas, humedad sofocante, falta de agua potable y alimentos en descomposición”.
La Arquidiócesis de Miami también condenó públicamente la instalación, calificándola como una “solución corrosiva e inapropiada” que atenta contra la dignidad humana.
De los detenidos, más de 250 enfrentan exclusivamente violaciones migratorias, sin antecedentes de crímenes violentos. Sin embargo, cerca de un tercio posee algún tipo de historial delictivo, que incluye desde reingresos ilegales hasta intentos de homicidio, aunque el reporte no detalla los cargos específicos.
El centro, que alberga actualmente a más de 700 personas, también ha sido blanco de críticas por su impacto ambiental negativo. Está construido dentro de una zona ecológicamente sensible de los Everglades, y su operación ha sido señalada como una amenaza directa a especies en peligro de extinción, como el puma de Florida. Diversos grupos ambientalistas han presentado demandas legales para intentar detener el proyecto.
La Administración del presidente Donald Trump, por su parte, defendió el centro como modelo de eficiencia y seguridad. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el propio Trump anunciaron que ya iniciaron conversaciones con gobiernos estatales para replicar este modelo de megacentros de detención migratoria en otros estados gobernados por republicanos.
Mientras tanto, el acceso al centro sigue restringido para la prensa, lo que ha intensificado las críticas por falta de transparencia y por posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes detenidos.
