Argentina se prepara para conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó a la entonces presidenta Isabel Martínez de Perón e instauró una dictadura militar encabezada por Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti.
El régimen, que se mantuvo hasta 1983, se caracterizó por una política sistemática de represión, violencia y persecución contra opositores políticos, movimientos sociales, estudiantes y sindicatos.
Durante ese periodo, las fuerzas de seguridad ejecutaron desapariciones forzadas, asesinatos, torturas y violencia sexual, en una red clandestina de 814 centros de detención distribuidos en todo el país.
Las cifras sobre las víctimas continúan en debate. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas documentó 8,961 casos, mientras que organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a cerca de 30,000 desaparecidos.
Además, unas 250,000 personas fueron obligadas al exilio, y alrededor de 500 niños fueron apropiados ilegalmente, tras ser secuestrados junto a sus padres o nacer en cautiverio.
En el ámbito económico, la dictadura impulsó políticas de libre mercado que generaron una deuda externa superior a $45,000 millones, lo que derivó en una crisis que incrementó la pobreza y la desigualdad.
Tras el retorno a la democracia en 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín impulsó procesos judiciales contra las juntas militares, logrando condenas históricas que marcaron un precedente en materia de justicia internacional.
Sin embargo, leyes posteriores frenaron las investigaciones durante varios años, hasta que en 2005 la Corte Suprema anuló las normas de impunidad y reactivó los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Desde entonces, más de 1,200 personas han sido condenadas y cerca de 1,000 continúan bajo investigación, consolidando a Argentina como referente global en procesos de justicia por violaciones a derechos humanos.