El migrante salvadoreño Kilmar Abrego García fue devuelto a Estados Unidos el pasado viernes, casi tres meses después de haber sido deportado erróneamente desde Maryland hacia El Salvador. Sin embargo, su retorno no se produjo al estado ordenado por la Corte Suprema, sino a Tennessee, donde ahora enfrenta nuevos cargos criminales federales.
Sus abogados presentaron una moción titulada “Oposición de los demandantes a la solicitud de suspensión”, en la que acusan al Gobierno federal de actuar con mala fe, desacatar resoluciones judiciales y retrasar deliberadamente su repatriación. Según el documento, la administración estadounidense engañó al tribunal al afirmar que no podía facilitar su regreso, mientras mantenía en secreto una acusación penal contra Abrego.
“La Corte Suprema ordenó su retorno a Maryland en abril, pero en lugar de acatar, el Gobierno lo retuvo en El Salvador y posteriormente lo trasladó a Tennessee para enfrentar cargos adicionales”, sostienen los abogados en el escrito judicial. “Siempre tuvieron la capacidad de traer a Abrego García de regreso, simplemente se negaron a hacerlo”.
La acusación federal fue presentada en mayo, pero permaneció sellada hasta que se concretó su regreso. La Fiscalía alega que Abrego organizó más de 100 traslados de personas desde Texas a Maryland y otros estados, en una supuesta red de tráfico ilegal de migrantes procedentes de Centro y Sudamérica.
A pesar de estar nuevamente en suelo estadounidense, la defensa insiste en que el caso no ha concluido. Advierten que las autoridades aún podrían intentar deportarlo otra vez, en un aparente esfuerzo por evitar que el proceso judicial avance en su contra.
Los abogados solicitan al tribunal que rechace la petición del Gobierno para pausar el caso (stay), permita la apertura de una fase de pruebas (discovery) y considere sanciones por el incumplimiento de las órdenes judiciales previas. También han pedido que se garantice que Abrego García no será expulsado nuevamente del país.
