El Tribunal Contencioso, Administrativo y Civil de Hacienda desestimó el miércoles en Costa Rica una demanda del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT) con el respaldo de la diputada Vanessa de Paul Castro Mora, contra el decreto de ciberseguridad para Redes 5G que veta la participación de empresas chinas.
El Tribunal ratificó “la validez y conformidad del Decreto Ejecutivo con el ordenamiento sectorial de las telecomunicaciones, el cual establece medidas de ciberseguridad para la implementación de las tecnologías móviles del tipo 5G”.
El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) confirmó la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Según el MICITT, esta resolución representa su segunda victoria judicial en el tema y señaló a la empresa china Huawei de estar detrás de las demandas.
“Lo que viene es a demostrar la validez técnica del decreto de ciberseguridad en redes 5g y esto es muy importante porque muchos de los detractores del decreto han dicho incansablemente que este decreto no tiene validez técnica, los dos fallos favor del estado vienen a ratificar la solidez técnico del decreto y ratifican que el decreto no atenta contra un daño económico contra los usuarios ni contra los operadores de telecomunicaciones del país que incluye al ICE”, dijo la Ministra del MICITT, Paula Bogantes.
La ministra explicó que hay otras dos demandas, incluyendo una de Huawei y otra del mismo sindicato, contra la decisión del gobierno costarricense.
“En voz de Huawei, si no es conmigo, no es con nadie”, dijo Bogantes.
El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, defendió el miércoles en conferencia de prensa el decreto y criticó a diputados, empleados del ICE y organizaciones que “defienden intereses extranjeros y en el proceso haciendo el ridículo”.
“Huawei ya no juega, quedó excluido por requerimientos técnicos, nunca fue jugador, no calificó a la final, y está apelando que el ICE le pida un descuento a una empresa para comprar equipos 5G. No tiene vela en ese entierro y aún así el juzgado lo está pensando”, dijo Chaves.
La organización sindical y la diputada buscaban suspender la aplicación de varios artículos del decreto, bajo la alegación de posibles daños a los trabajadores del ICE y a la libre competencia.
El Frente Interno de Trabajadores del ICE presentó el recurso contra el decreto, pero la sentencia concluyó que no hay evidencia de afectación financiera para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La compañía de origen chino reclama una exclusión del proceso de 5G debido a que el decreto establece que podrán competir en Costa Rica solo empresas cuya casa matriz esté en un país firmante del Convenio de Budapest. El reglamento, publicado vía decreto en agosto de 2023, establece que las empresas de países que no han firmado el Convenio de Budapest, como el caso de China, no pueden ser consideradas para la implementación de 5G en Costa Rica.
El desarrollo de la red 5G en Costa Rica ha desencadenado una disputa diplomática entre Estados Unidos y la República Popular China, poniendo de manifiesto una lucha global por el dominio de las telecomunicaciones y la ciberseguridad, con implicaciones de largo alcance para la tecnología y la soberanía de América Latina.
