Los desastres naturales no solo destruyen viviendas y carreteras: también dejan una factura económica acumulada durante décadas. El Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2025, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), confirma que los eventos vinculados al clima, especialmente las tormentas, son los que más dinero han costado en la región.
El informe de la CEPAL analiza el costo económico acumulado de los desastres entre 1970 y 2024, con base en la base internacional EM-DAT del CRED. En ese período, los desastres meteorológicos, principalmente tormentas, concentran 47% del costo económico total acumulado en América Latina y el Caribe.
Para Centroamérica, esta cifra es especialmente relevante porque la región está expuesta cada año a huracanes, tormentas tropicales y lluvias intensas, que golpean infraestructura, agricultura y servicios básicos. El segundo grupo más costoso en la región es el de los desastres geofísicos, como terremotos y erupciones volcánicas, que representan 23% del costo acumulado.
Este dato también es clave para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, países atravesados por fallas geológicas activas y con historial de sismos destructivos. En tercer lugar aparecen los desastres hidrológicos, principalmente inundaciones y deslizamientos asociados a lluvias, con 19% del costo acumulado.
En Centroamérica, estos eventos suelen tener un impacto directo en zonas urbanas y rurales vulnerables, donde los deslizamientos y crecidas afectan viviendas, caminos y cultivos. Los desastres climatológicos como sequías, incendios y temperaturas extremas representan 11% del costo acumulado, pero su impacto puede aumentar conforme avance el calentamiento global.
La CEPAL recuerda que en CEPALSTAT los desastres se clasifican en dos grandes grupos: geofísicos y climatológicos, e incluyen fenómenos como tormentas, inundaciones, sequías y temperaturas extremas.
Aunque la tabla del anuario no desglosa pérdidas país por país en esta sección, el mensaje regional es claro: Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá enfrentan un escenario donde los desastres climáticos ya no son excepcionales, sino parte de una presión económica permanente que afecta desarrollo, inversión pública y estabilidad social.
