Un juzgado civil de Managua ordenó el embargo de bienes y cuentas bancarias de la Compañía Recicladora de Nicaragua (CRN), filial del Grupo CCN, principal embotelladora de cervezas nicaragüenses bajo las marcas Toña y Victoria, por una supuesta deuda fiscal que supera los $79 millones.
El Juzgado Segundo de Distrito Civil de Managua, bajo la dirección de la jueza Mercedes Inés Leiva Castellón, emitió un mandamiento de ejecución que ordena el pago de C$ 2,899 millones de córdobas (unos $79,1 millones) por “impuestos dejados de percibir y multa administrativa por contravención tributaria”.
La demanda fue presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) en nombre del Estado nicaragüense, a través de la Procuradora Nacional de Finanzas, Silvia Patricia Miranda Campos.
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Pagan o los confiscan
De acuerdo con la resolución, si la empresa no paga el monto requerido en el acto del requerimiento, el tribunal procederá al embargo de sus bienes inmuebles y a la congelación de fondos en cuentas bancarias nacionales y extranjeras.
El documento precisa que el origen de la deuda se basa en una auditoría realizada por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), que concluyó que la empresa incumplió los parámetros del régimen de zona franca, bajo el cual gozaba de exoneraciones fiscales.
La Compañía Recicladora de Nicaragua fue creada como parte del Grupo CCN, conglomerado privado que también controla la Compañía Cervecera de Nicaragua, líder en la producción de bebidas y productos de consumo en el país.
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Campaña de extorsiones fiscales
CRN operaba como una división dedicada a la recolección y procesamiento de materiales reciclables.
Tras el anuncio, los abogados de la empresa presentaron un incidente de nulidad procesal y oposición al requerimiento de pago, solicitando la suspensión de la ejecución hasta que se resuelvan los recursos administrativos y se revise la competencia del tribunal civil.
El caso ocurre en un contexto de mayor presión fiscal sobre el sector privado nicaragüense, donde diversas compañías han denunciado auditorías, multas y sanciones consideradas arbitrarias.
Hasta el momento, el Grupo CCN no ha emitido un pronunciamiento público sobre la resolución judicial ni sobre las acciones que adoptará en su defensa.
