Pese a los constantes reclamos del presidente panameño, la Unión Europea (UE) no sacó a Panamá de su lista de paraísos fiscales, pero lo hizo con Costa Rica.
En la actualización de la lista, publicada el 18 de febrero de 2025, los Veintisiete decidieron mantener a Panamá como uno de los territorios no cooperantes a efectos fiscales. En este club también se encuentra Samoa Americana, Anguilla, Fiji, Guam, Palau, Rusia, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.
“Aunque en este ciclo de actualización se han observado avances positivos, el Consejo lamenta que estos países y territorios sigan sin cooperar plenamente a efectos fiscales y los invita a mejorar su marco jurídico para resolver los problemas detectados”, señaló la UE en un comunicado.
De la “lista negra” salió Curazao y Costa Rica, quienes han cumplido sus “compromisos subsanando las deficiencias de su sistema de intercambio automático de información fiscal”.
¿Qué es?
La lista se creó en diciembre de 2017 como una estrategia exterior de la Unión Europea, cuya finalidad es contribuir con la buena gobernanza en el ámbito fiscal. Cada país es evaluado de acuerdo a una serie de criterios de transparencia, equidad fiscal, y medidas contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios.
En el criterio de transparencia se revisa que los gobiernos tengan acceso a datos adecuados sobre los activos exteriores de sus ciudadanos para evitar que se oculten o se elude la imposición.
COSTA RICA ES RECONOCIDA COMO JURISDICCIÓN COOPERANTE DE LA UNIÓN EUROPEA pic.twitter.com/QWloZ2S64X
— Ministerio de Hacienda de Costa Rica (@HaciendaCR) February 18, 2025
El examen de equidad fiscal revisa si los países tienen prácticas fiscales perniciosas que den lugar a una competencia fiscal desleal que afecte a las empresas. Además, analiza si los territorios tienen un impuesto sobre la renta nulo o muy bajo.
Por su parte, el tercer criterio garantiza que los países cumplan con normas mínimas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios.
Dicho apartado examina si los países disponen de mecanismos para intercambiar informes con otros territorios o multilaterales, que contengan datos sobre asignación de ingresos, beneficios, impuestos pagados y evaluaciones.
Reacciones
Ante la decisión de la EU, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá aseguró que el “país sigue trabajando para fortalecer el sistema de cooperación fiscal internacional”.
La institución indicó que tienen mesas de trabajo junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Sujetos no Financieros y el Registro Público.
Además, señaló que tiene un compromiso formal con la Secretaría del Grupo del Código de Conducta (COCG por sus siglas en inglés) para implementar principios de buena gobernanza fiscal, así como una revisión del Foro Global antes del 17 de julio de 2026.
“Nuestro objetivo es seguir trabajando de manera coordinada con los organismos internacionales, la Comunidad Europea y el país, para que se reconozca nuestro compromiso con la transparencia y cooperación fiscal internacional”, añadió la institución en un tono más conciliador después de fuertes encontronazos entre la UE y el presidente José Raúl Mulino.
El presidente Mulino ha mostrado en diferentes ocasiones su inconformidad por la inclusión de Panamá en listas discriminatorias desde el escándalo de los Panamá Papers, de 2016. En 2024, el mandatario aseguró que no permitiría que empresas europeas participen en licitaciones.
En Costa Rica, el Ministerio de Hacienda celebró la decisión de la EU que calificó como un “gran logro”, pues el país se encontraba en esta categoría desde 2022. “Ser reconocido como una jurisdicción cooperante de la Unión Europea es el resultado de un arduo trabajo de coordinación interna y externa”, añadió.
