Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos desaconseja invertir en Nicaragua por un conjunto de factores que, combinados, elevan los riesgos de inversión a niveles que ningún otro país tiene en América Latina.
El documento titulado “Declaraciones sobre el clima de inversión para 2025: Nicaragua”, revela que el país sufre de la abolición de la independencia judicial (30 de enero de 2025), la instrumentalización política de leyes y tribunales, las confiscaciones de activos, la clausura masiva de organizaciones y cámaras empresariales, y la aplicación arbitraria de normas fiscales, aduaneras y regulatorias.
El mensaje central es directo: “los inversionistas no deben esperar un trato imparcial ni seguridad jurídica”.
A esto se suma un riesgo reputacional elevado por el deterioro de derechos humanos —detenciones arbitrarias, exilios forzados y cancelación de ciudadanías—, que ha llevado a que casi todas las instituciones financieras internacionales congelen nuevos créditos.
La presión regulatoria no solo es difusa; también es selectiva. El Ejecutivo, en manos de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, concentra la toma de decisiones, controla al poder judicial, impone sanciones discrecionales y prioriza a aliados políticos y a empresas vinculadas a la copresidencia.
El cierre de más de 5,700 ONG, universidades, medios y cámaras, con expropiación de sus bienes, ilustra un patrón: el Estado usa la ley para castigar, no para arbitrar.
Aun cuando Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial (24 % de importaciones y 48 % de exportaciones en 2024), la relación afronta tensión añadida: el 10 de diciembre de 2024, la USTR abrió una investigación bajo la Sección 301 por posibles violaciones laborales, de derechos humanos y de Estado de derecho con impacto en el comercio.
La conclusión práctica para el capital extranjero es que el marco legal existe, pero su aplicación es opaca y políticamente dirigida.
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Arbitrariedad fiscal y aduanera: auditorías, multas y extorsión
El informe señala una escalada de auditorías prolongadas y simultáneas por hasta ocho entidades; estas casi siempre concluyen con “impuestos adicionales” y multas equivalentes al monto supuestamente adeudado, con dudoso sustento legal.
Varias empresas —incluidas franquicias y firmas estadounidenses— recibieron cálculos sobre ingresos brutos (no sobre utilidades netas), con facturas multimillonarias que podrían forzar cierres.
Autoridades han recomendado “no judicializar” y negociar directamente con Hacienda, en un terreno desigual.
Las aduanas añaden incertidumbre: cuestionamientos de origen y valor, aranceles retroactivos y un impuesto selectivo al consumo (ISC) que cambia sin transparencia.
La reforma tributaria de 2019 —aún sin revisiones— triplicó la tasa mínima alternativa para grandes empresas y elevó el ISC a múltiples productos, encareciendo importaciones y erosionando márgenes.
En frontera, el valor aduanero puede multiplicar por tres el precio declarado. Este patrón, señala Estados Unidos, vulnera compromisos del CAFTA-DR y encarece operar.
La nueva Ley de Inversión Extranjera (1240) refuerza el control estatal: crea la CNIE, exige registro y reportes trimestrales, y centraliza la aprobación de inversiones bajo autoridades alineadas con la copresidencia.
La práctica confirma que la “licencia social” efectiva depende de conexiones personales con funcionarios, con decisiones municipales y ministeriales supeditadas al visto bueno del binomio gobernante.
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Confiscaciones, expropiaciones y quiebras sin salida
El riesgo de pérdida de activos es real. Desde 2018, la dicatdura canceló personerías y confiscó bienes de miles de organizaciones; transfirió propiedades a entidades públicas (72 inmuebles al INSS solo en el segundo semestre de 2024) y anunció usos “sociales” de activos confiscados (como INCAE).
Se reportan ocupaciones de tierras por actores afines al régimen, ofertas de compensación al valor catastral (muy por debajo de mercado) y negativa a desalojar usurpaciones.
En 2023, la Corte Suprema restringió aún más el acceso a registros, mientras una ley de 2023 facilita la incautación de bienes al colocar catastro y registros bajo control de la Fiscalía.
La solución de controversias es poco confiable. Aunque Nicaragua suscribe CIADI y la Convención de Nueva York, no hay evidencia de ejecución de laudos adversos en tribunales locales.
Inversionistas reportan que la vía CAFTA-DR resulta costosa y con riesgo de represalias. La resolución alternativa perdió músculo tras el cierre del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio en 2023.
En insolvencias, la tradición legal favorece la liquidación desordenada, sin trato equitativo a acreedores; muchas firmas simplemente cierran y reabren con otra razón social.
En propiedad intelectual, aunque la normativa cumple estándares del CAFTA-DR, la aplicación es débil. Piratería y falsificación persisten y el país no reporta incautaciones de forma transparente, lo que desincentiva sectores intensivos en marcas y contenidos.
Opacidad regulatoria y contrataciones públicas excluyentes
La elaboración normativa carece de consulta y transparencia. Proyectos no se publican, La Gaceta es difícil de rastrear y la Asamblea —controlada por el oficialismo— aprueba sin enmiendas sustantivas.
Las finanzas públicas tampoco son claras: las SOEs no publican estados completos y la Contraloría difunde información parcial y atrasada.
La reforma de compras públicas de febrero de 2025 reduce aún más la competencia. Excluye de licitación numerosos contratos “estratégicos” (defensa, seguridad, compras al extranjero aprobadas por la presidencia, empresas estatales, megaproyectos como el canal).
En la práctica, abarca la mayoría de grandes negocios potenciales para firmas internacionales.
Dados a favor de negocios chinos
Adicionalmente, una directriz de noviembre de 2024 ordena priorizar proveedores chinos en TIC, institucionalizando la preferencia hacia China que ya se refleja en el TLC de 2024 y en créditos por unos 1.000 millones de dólares.
La corrupción atraviesa el sistema. Nicaragua ocupa el lugar 172 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024. Los sobornos y el favoritismo afectan licencias, aduanas, impuestos y compras estatales.
El poder judicial es percibido como politizado y vulnerable a presiones. En este contexto, competir sin vínculos políticos es inviable para muchos sectores.
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Riesgo político y de derechos humanos
El entorno político es abiertamente autoritario. Tras las elecciones fraudulentas de 2021 y la reforma constitucional de 2025, la copresidencia concentra los poderes y prorroga mandatos.
Desde 2018, la represión dejó centenares de muertos, miles de heridos y oleadas de exiliados. Hubo cancelación de ciudadanías (222 excarcelados y 94 opositores en 2023; más de 450 casos en total), confiscaciones de bienes y cierres masivos de medios de comunicación (al menos 58).
La Iglesia Católica sufrió expulsiones y destierros; además, se bloqueó el retorno de nacionales y se criminalizó a críticos en el exterior.
Este cuadro dispara alarmas de inversiones y complica el acceso a banca corresponsal internacional, ya golpeada por sanciones y leyes que podrían forzar a bancos a atender clientes designados.
En seguridad, la Policía mantiene presencia intensa con controles aleatorios y acoso a opositores, incluidos líderes empresariales. EE.UU. y otros socios mantienen sanciones a funcionarios y entidades, lo que amplifica riesgos de cumplimiento para empresas expuestas a listas OFAC o a terceros sancionados en cadenas de suministro.
Estabilidad macro sin confianza, mercado laboral precario
En lo macro, el país exhibe reservas récord ($6,100 millones), deuda “sostenible” y banca capitalizada con liquidez alta (32 %) y morosidad baja (1,4 %).
Sin embargo, estas señales no compensan la inseguridad jurídica. El Banco Central fijó el córdoba a 36,6 por dólar y reforzó controles de divisas (solicitudes previas de compra), mientras anunció que bienes y servicios deben cotizarse en moneda local desde 2025, con excepciones.
La dolarización de depósitos (≈70 %) revela desconfianza estructural.
El mercado laboral es altamente informal: el desempleo oficial ronda 3 %, pero el subempleo llega a 40 %. El salario mínimo —por sector— queda lejos de la canasta básica (554 dólares).
Hay 111,000 empleos formales menos que en 2017 y los hogares ganan 20 % menos en términos reales que entonces.
La fuga de talento por migración y exilio forzado eleva rotación y falta de perfiles técnicos. Remesas récord ($5,200 millones, 29 % del PIB) sostienen consumo, pero evidencian dependencia externa.
Las Zonas Francas siguen siendo motor exportador (más de 121,000 empleos), con incentivos potentes (exenciones por 10 años y permanentes a insumos), aunque 22 empresas cerraron desde 2018 y varias se mudaron a países vecinos por la incertidumbre política y la volatilidad de demanda.
Fuera de ZF, la interferencia estatal es mayor y el riesgo regulatorio, más alto.
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Conclusión práctica: precaución extrema o esperar
La radiografía es consistente: Estados Unidos ve en Nicaragua un alto riesgo de inversión por ausencia de Estado de derecho, arbitrariedad fiscal y aduanera, opacidad regulatoria, corrupción sistémica, riesgo político y de derechos humanos, y probabilidad de confiscaciones y sanciones colaterales.
La estabilidad macro no compensa la inseguridad jurídica ni el costo reputacional.
Para sectores intensivos en capital, tecnología o marca —energía, minería, infraestructura, telecom, retail, financiero—, el informe sugiere cautela máxima: diligencia debida reforzada, análisis de partes vinculadas, cláusulas robustas de arbitraje internacional, planes de contingencia de divisas, mapeo de exposición a sanciones, y evaluación estricta.
En el corto plazo, y salvo operaciones bajo regímenes muy acotados (por ejemplo, ciertas Zonas Francas con cadenas de suministro “blindadas”), la recomendación implícita es diferir inversiones nuevas hasta que existan garantías mínimas de independencia judicial, transparencia regulatoria y respeto a los derechos de propiedad.
