El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, aseveró que el Gobierno panameño está trabajando en un proyecto de ley que será presentado en la Asamblea Nacional que les permita brindar seguridad jurídica a los inversionistas luego que la Corte Suprema de Justicia anulara la concesión de dos puertos a una empresa china.
Maltó aseguró que han recibido solicitudes de inversionistas que atraen marcas hacia Panamá para que se desarrolle un marco jurídico que les brinde seguridad, por lo que. ya están trabajando en un proyecto que sería presentado al Órgano Legislativo.
El funcionario reiteró que el Gobierno “es respetuoso” de las decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia tras ser consultado sobre la aplicación de la inconstitucionalidad en la concesión de la empresa china Panama Ports Company, subsidiaria de CK Hutchison para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
Moltó dijo en la televisora “Telemetro Reporta” que el “Gobierno nacional es respetuoso de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia” y que en ese caso, será Alemán Zubieta, asesor presidencial, quién dirija “la misión”.“El Gobierno es muy respetuoso de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y una vez más, en ese sentido creo que el Gobierno ha sido responsable, no como pasó en el caso anterior y ha tenido un plan y ha estado preparado para reaccionar con lo que sucedió” reiteró Moltó.
Abogan por seguridad jurídica
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, indicó que “llama la atención” que el contrato haya sido declarado inconstitucional hasta ahora cuando el documento fue firmado en 1997, hace unos 28 años, y que en este tiempo fuera modificado en varias ocasiones.
Sin embargo, señala que “tenemos que ser respetuosos de lo que representa y de lo que dicta la Corte Suprema de Justicia” aunque cuestiona qué pasará. ahora porque “es increíble que ningún otro panameño en el pasado se hubiese cuestionado si el tratado era constitucional o no” por lo que, la primera demanda fue presentada el año pasado.
Arias aseguró que en este punto lo que les preocupa es “la seguridad jurídica panameña” sobre cómo “internacionalmente nos ven” y agregó que la “seguridad jurídica en Panamá está en juego” por mala redacción de contratos y quiere pensar que “no por mala voluntad de los panameños ni mucho menos de la Corte Suprema de Justicia”.
“Un árbol envenenado”
Al respecto, la exmagistrada de la Corte, Graciela Dixon, aseguró que lo que “està mal” no es que estuviera incorrecto hasta ahora sino “siempre estuvo mal” y aseguró que “este contrato es el fruto del árbol envenenado”.
“Nació mal, este contrato es el fruto del árbol envenenado. ¿Cuál es el árbol envenenado? Una estructura económica y política corrupta que sus objetivos nunca fueron realmente el desarrollo del país.
La decisión de la Corte fue informada la semana pasada en la que se argumentó que la Contraloría panameña encontró que de $1,337 millones que debían ingresar a las arcas del Estado, solo se recibieron $483 millones por pérdidas fiscales.
