El precio de los combustibles en Nicaragua permanece fijo desde abril de 2022, una medida que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presenta como un mecanismo para amortiguar el impacto de las fluctuaciones internacionales del petróleo.
Sin embargo, tras casi 4 años de aplicación, la política ha situado al país entre los que registran la gasolina y el diésel más caros de Centroamérica.
El congelamiento se comunica semanalmente mediante disposiciones del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), y se mantiene vigente al menos hasta finales de marzo de 2026.
Efecto de la invasión rusa
Según las autoridades, el Estado asume la diferencia entre el precio internacional y el precio local para evitar aumentos constantes que afecten a las familias y a los sectores productivos.
La medida se implementó en un contexto de alta volatilidad del mercado petrolero, tras el repunte de los precios en 2022 impulsado por la invasión rusa de Ucrania.
En ese momento, el barril de crudo superó los 120 dólares, lo que llevó al régimen a fijar el precio del galón de gasolina súper en 185,10 córdobas (unos 5,1 dólares), la regular en 180,72 córdobas (5,06 dólares) y el diésel en 163,33 córdobas (4,57 dólares).
Lea más: Países centroamericanos reportan alzas en precios de los combustibles por conflicto en Medio Oriente
Un precio fijo en niveles altos
Aunque el petróleo bajó en los años siguientes —con cotizaciones entre 90 y 60 dólares por barril entre 2023 y 2025—, el régimen mantuvo los precios internos sin variaciones.
En entrevista al perodista Luis Galeano, del programa Café con Voz, el economista Enrique Sáenz explicó que el congelamiento se estableció en un punto elevado y no refleja las reducciones internacionales.
De acuerdo con datos regionales, Nicaragua registra precios superiores a los de países como Panamá, Honduras, El Salvador y Guatemala, y solo se sitúa por debajo de Belice y, en ocasiones, de Costa Rica.
En marzo de 2026, el galón de gasolina en Nicaragua ronda los 5,05 dólares, frente a los 3,59 dólares en Panamá o los 3,84 en El Salvador.
El régimen sostiene que, sin el subsidio, los precios podrían haber superado los 200 córdobas por galón, con picos de hasta 250 córdobas en momentos de mayor tensión internacional.
Según el presidente del INE, José Castañeda, en declaraciones a la prensa oficialista, el congelamiento ha permitido a familias y empresas “planificar sus presupuestos sin incertidumbre”.
Lea además: Nicaragua canceló más de 3,000 ONG desde 2018 y dejó sin apoyo a miles de mujeres en redes de protección
Impacto en la economía y la canasta básica
Pese a ese argumento oficial, analistas económicos advierten que la política tiene efectos estructurales en la economía.
Al mantenerse en niveles altos, el precio del combustible actúa como un “piso” que sostiene los costos de producción, transporte y distribución de bienes.
Este fenómeno se refleja especialmente en la cadena agroalimentaria. Productos como frijoles, hortalizas o lácteos dependen del transporte terrestre, cuyo costo se incrementa cuando el combustible es más caro que en países vecinos.
Ese diferencial se traslada al precio final de los alimentos.
Además, muchas actividades agrícolas dependen del diésel para sistemas de riego y maquinaria. El mantenimiento de precios elevados impide que los productores reduzcan sus costos, incluso cuando el petróleo baja en los mercados internacionales.
Como resultado, los consumidores no experimentan el alivio que sí se observa en otros países de la región cuando el crudo disminuye.
En economías como las de Guatemala o El Salvador, las variaciones internacionales suelen trasladarse al precio del transporte y de los productos básicos.
Lea más: Dictadura de Nicaragua eliminó datos de comercio con Taiwán del año 2025, denuncia economista
Debate sobre sostenibilidad y mercado
Las críticas también apuntan a la sostenibilidad fiscal de la medida y a la estructura del mercado de combustibles en Nicaragua.
Expertos señalan que el congelamiento ha favorecido márgenes amplios para las distribuidoras, que compran a precios internacionales más bajos pero venden al precio fijado desde 2022.
Estimaciones independientes sitúan en más de 360 millones de dólares las ganancias acumuladas en el sector durante este periodo, aunque no existen datos oficiales desagregados que permitan verificar estas cifras.
Analistas también cuestionan la falta de transparencia en la fórmula de fijación de precios, que el Ejecutivo controla directamente sin reformas legales públicas.
Según estas valoraciones, la política combina elementos de subsidio con un esquema que no traslada las reducciones internacionales al consumidor.
En este contexto, el congelamiento de los combustibles se mantiene como una de las medidas económicas más visibles del régimen, pero también como una de las más debatidas.
Mientras el Ejecutivo lo presenta como un instrumento de estabilidad, sus críticos advierten que perpetúa precios altos en una economía marcada por bajos salarios y elevada presión sobre el poder adquisitivo.
