La agencia Moody’s Ratings subió la calificación de riesgo de la deuda de Nicaragua de B3 a B2 por un aumento superior al previsto en las reservas internacionales de liquidez.
La agencia mantuvo la perspectiva estable, por lo que no se vaticinan cambios bruscos en el corto plazo.
A través de un comunicado, la agencia explicó que la mejora en la calificación responde a que el perfil crediticio de Nicaragua se ha fortalecido por la acumulación de las reservas fiscales y externas como “resultado de los esfuerzos políticos concertados de las autoridades para mitigar los desafíos de los mercados internacionales”.
Moody’s hace énfasis en que las sanciones hacia altos jerarcas del régimen de Daniel Ortega impactan en la posición de Nicaragua en los mercados internacionales, pero reconoce que las autoridades tienen un “historial” en sortear los shocks con una combinación de políticas producentes para salvaguardar la estabilidad macroeconómica.
“La calificación B2 también tiene en cuenta las instituciones débiles y la alta susceptibilidad al riesgo de eventos, particularmente al riesgo político”, añade la agencia, al tiempo que reconoce que la perspectiva puede cambiar ante sanciones más estrictas y un aumento en el costo de la deuda.
Resultados fiscales después de la reforma de 2019
A pesar del cierre del mercado soberano, la agencia considera que la economía se protegerá por los superávits fiscales y cuenta corriente, así como el esfuerzo por atraer “inversión china”.
El déficit fiscal del gobierno nicaragüense pasó de 1.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021 a un superávit (más ingresos que gastos) de un 0.8 % en 2022 debido al aumento de los ingresos tributarios por la reforma fiscal de 2019, además de una moderación de los salarios públicos y el gasto social.
Para 2023, Moody’s estima que el superávit se amplió a un 1.5 % del PIB, que permitió aumentar a un 10.2 % del PIB los depósitos del banco central. La agencia estima que este indicador se sitúe en un 0.1 % en 2024.
Entretanto, la deuda del gobierno central se situó en un 45 % del PIB en 2022, para disminuir a un 42.4 % en 2023. “La deuda de Nicaragua sigue siendo más baja que la de la mayoría de sus pares con calificación ‘B’, a pesar de enfrentar múltiples shocks consecutivos, incluidas protestas generalizadas en 2018-19, que paralizó la actividad económica y la pandemia de 2020”, señala.
Las obligaciones del gobierno central disminuirán a un 41.2 % del PIB en 2024 y a un 40.7 % en 2025, de acuerdo con proyecciones de la agencia.
