Moody’s Ratings cambió este viernes la perspectiva de la calificación soberana de El Salvador a positiva desde estable, al considerar que el país ha logrado avances sostenidos en consolidación fiscal, liquidez y manejo de sus necesidades de financiamiento.
Además, la agencia mantuvo la calificación de emisor de divisas a largo plazo en B3, así como las calificaciones de deuda no asegurada y la calificación senior asegurada B3 de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), respaldada por garantía gubernamental, cuya perspectiva también pasó a positiva.
Según Moody’s, el ajuste de la perspectiva refleja su expectativa de que una política fiscal más creíble, apoyada por el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), junto con amortiguadores de liquidez más sólidos y menores necesidades brutas de financiamiento, permitirá una mejora gradual de las métricas fiscales y crediticias del país.
A ello se suma el impacto de las mejoras sostenidas en la seguridad interna, que elevan la probabilidad de un mayor crecimiento económico y de mejoras crediticias duraderas.
La calificadora señaló que, de consolidarse estos avances y si las métricas fiscales muestran resiliencia ante posibles choques, la elevada carga de deuda podría entrar en una trayectoria descendente sostenida, compensando algunas de las restricciones crediticias que enfrenta El Salvador y abriendo la puerta a una eventual mejora de la calificación.
Déficit a la baja, pero deuda sigue siendo un lastre
Pese al cambio de perspectiva, Moody’s subrayó que la afirmación de la calificación B3 responde a que El Salvador aún enfrenta una alta carga de deuda y una baja asequibilidad, factores que limitan la fortaleza fiscal y aumentan la vulnerabilidad ante choques externos.
En 2025, la relación deuda con el PIB se ubicó en 88.3 %, mientras que el peso de los intereses representó 18.4 % de los ingresos, niveles muy superiores a los de países con calificaciones similares.
No obstante, el desempeño fiscal mostró una mejora significativa durante 2025. El ajuste fue impulsado por recortes salariales, controles más estrictos del gasto corriente y mayores ingresos tributarios, derivados de inspecciones aduaneras mejoradas, el uso ampliado de facturación electrónica y medidas para ampliar la base impositiva.
Con base en los resultados fiscales hasta noviembre, Moody’s estima que el déficit fiscal se redujo al 3 % del PIB en 2025, desde el 4.5 % del año previo, y proyecta que baje a 2.3 % en 2026 y 2.2 % en 2027.
Las medidas de consolidación han permitido mantener estable el déficit del sector público no financiero en términos nominales, al tiempo que se incrementa la inversión pública, sin generar un freno a la actividad económica.
Este mayor gasto en infraestructura ha dinamizado el sector construcción y contribuido al crecimiento, por lo cual Moody’s estima que el PIB real creció 4 % en 2025, frente al 2.6 % de 2024, y proyecta un crecimiento de 3.1 % en 2026, por encima de la tendencia.
