La agencia Moody’s Rating ratificó la calificación de Ba1, con perspectiva estable, para Guatemala tras considerar que la economía centroamericana goza de un historial de crecimiento estable, pero advirtió de riesgos en la calidad crediticia por factores políticos y de pobreza.
Moody’s sostiene que la calificación de Guatemala es un reflejo del historial de crecimiento económico y una gestión fiscal prudente, a pesar del bajo ingreso per cápita (por persona) y los indicadores de infraestructura que limitan el desarrollo la gestión pública y el desarrollo social.
“El riesgo político es el principal factor que limita el perfil crediticio, incrementando las posibilidades de obstrucción en el Congreso, lo cual dificulta la implementación de reformas, así como la continua oposición de alguna facción del poder judicial”, señala el reporte emitido el 11 de julio.
También, la agencia señaló que la elevada incidencia de la desigualdad y la pobreza agravan la “estrecha presencia del sector público que limita la prestación de servicios públicos y la inversión en infraestructura”, que perpetúa los desafíos sociales existentes.
A pesar de la crisis política de 2023, la economía de Guatemala registró un crecimiento económico superior al promedio de América Latina, de un 3.5 % en 2023. El país fue el tercero de Centroamérica que más inversión extranjera directa (IED) recibió el año pasado, tras superar los $1,550 millones.
Para la agencia, un aumento en la inversión pública en carreteras, autopistas y puertos reduciría el déficit de infraestructura, al tiempo que mejoraría el “atractivo del país” como destino de inversión extranjera y competitividad de exportaciones.
Entretanto, Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas, confirmó este lunes que sostuvo una reunión con personeros de la agencia S&P Global Ratings para dar seguimiento a la evolución de las finanzas.
A través de redes sociales, el ministerio señaló que compartió con la agencia indicadores fiscales, como que el gasto público se ubicó en un 44.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la deuda de la administración central se situó en un 25.1 %.
En la escala de Moody’s, la nota en la categoría de B denota que las obligaciones del soberano tienen elementos especulativos y están sujetas a un riesgo crediticio considerable.
