CK Hutchison Holdings inició un proceso de arbitraje internacional contra Panamá y reclama más de $1,500 millones en compensación por la pérdida de sus inversiones en los puertos de Balboa y Cristóbal, después de la terminación de la concesión y la toma de las terminales por parte del Estado panameño.
El conglomerado, fundado por el multimillonario hongkonés Li Ka-shing, sostiene que Panamá incumplió un tratado de protección de inversiones mediante una serie de medidas adoptadas durante 2025 y 2026. Según la compañía, estas decisiones terminaron con la concesión para operar ambas terminales portuarias y provocaron la “destrucción” de sus inversiones en el país centroamericano.
“El consejo discrepa firmemente con las medidas tomadas por Panamá en violación del tratado”, señaló CK Hutchison en un comunicado. La compañía también pidió a sus accionistas y potenciales inversionistas actuar con cautela al realizar operaciones con sus acciones y otros valores.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional en enero pasado la concesión otorgada a la empresa china Panama Ports Company (PPC) para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, decisión que dejó sin efecto legal el contrato firmado hacía casi tres décadas.
La disputa por Balboa y Cristóbal adquirió además una dimensión geopolítica en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China por la influencia sobre infraestructuras estratégicas.
El presidente estadounidense, Donald Trump, había cuestionado la presencia china alrededor del Canal de Panamá, mientras que Pekín advirtió anteriormente que Panamá pagaría un “alto precio” tras la anulación de la concesión.
En febrero, el presidente panameño, José Raúl Mulino, ordenó la ocupación temporal de las terminales luego de que el máximo tribunal del país fallara contra la concesión de CK Hutchison. La filial Panama Ports Company (PPC) operó durante casi tres décadas los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en los extremos del Canal de Panamá.
PPC ya mantiene otro procedimiento de arbitraje internacional después de que la justicia panameña anulara sus licencias para operar las dos terminales. En marzo, la filial amplió sus reclamaciones a más de $2,000 millones por lo que calificó como una toma ilegal de los puertos y de propiedades pertenecientes a la empresa.
La controversia también complicó los planes de CK Hutchison para vender 43 terminales portuarias alrededor del mundo por más de $19,000 millones a un consorcio respaldado por la firma estadounidense BlackRock. La operación, anunciada en marzo de 2025, incluía inicialmente las terminales panameñas y posteriormente quedó rodeada de obstáculos geopolíticos.
El nuevo arbitraje de CK Hutchison contra Panamá es independiente tanto del procedimiento impulsado por PPC como de otra disputa que el conglomerado mantiene relacionada con los puertos. La batalla legal se desarrolla mientras Balboa y Cristóbal permanecen en el centro de las tensiones por el control y operación de infraestructura estratégica cercana al Canal de Panamá.