Los ataques de la dictadura Ortega-Murillo en contra de las gremiales de empresas privadas impactarán negativamente en los inversionistas guatemaltecos que tienen operaciones y negocios ahí, de acuerdo a analistas.
La decisión del régimen de cancelar el Consejo Superior de la Empresa Privada y varias gremiales más envían un mensaje de falta de certeza jurídica para los inversionistas no solo guatemaltecos, sino de todos los países.
Un reportaje publicado por Prensa Libre de Guatemala plantea que varias empresas chapinas tienen presencia en Nicaragua, entre estas firmas comerciales, empresas de construcción, agricultura, transporte, turismo e industria manufacturera.
La decisión del Gobierno de Nicaragua de cancelar la personería jurídica de 18 cámaras y del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), tendrá repercusiones en el empresariado guatemalteco que tiene y posee negocios en ese país, por las señales que se envían a los inversionistas.
De acuerdo con los analistas y empresarios consultados, la eliminación del ente rector del sector privado organizado nicaragüense por parte de las autoridades de ese país, es un mensaje de la falta de certeza jurídica para realizar inversiones o negocios a futuro, ya que muchas empresas guatemaltecas tienen presencia en ese país en sectores como comercio, construcción, agricultura, transporte, turismo e industria manufacturera.
“El empresariado guatemalteco que tenía pensado hacer inversiones en Nicaragua se verá obligado a analizarlo dos veces, ya que cómo lo hemos visto en los últimos días, la seguridad jurídica en el país vecino se encuentra en la cuerda floja. Las inversiones guatemaltecas ya establecidas en Nicaragua deberán seguir sus planes empresariales y comerciales programados, pero tendrán que resolver cualquier problema por medio de la Convención Comercial entre ambos países y resolver cualquier controversia por la vías diplomática o legal”, le dijo al periódico el internacionalista Roberto Santiago Servent.
Históricamente Guatemala ha tenido lazos comerciales estrechos con Nicaragua. En 2022, las exportaciones alcanzaron los US$998 millones, para un incremento de US$154 millones (18.2%) con relación al 2021, cuando se situaron en US$843 millones. Es decir que Nicaragua le compra a Guatemala un promedio de US$920 millones anuales. En tanto, las importaciones desde Nicaragua sumaron US$242 millones el año pasado, mientras que en 2021 fueron US$184 millones.
Los productos textiles fueron los que más se enviaron desde Guatemala, mientras que desde Nicaragua lo que más salió fue carne.
En cuanto a las inversiones guatemaltecas en el país centroamericano, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) indicó que, de acuerdo con información del Consejo Monetario Centroamericano, “se estima que Nicaragua colocó capital guatemalteco por un monto de US$453 millones en el primer semestre del 2022, un 22 por ciento menos respecto con 2021”.
Por lo tanto, “se observa una caída del capital guatemalteco, motivado por las presiones políticas y crisis de la democracia, que han puesto en riesgo el Estado de Derecho y la inversión empresarial”.
“Las acciones que hemos visto en Nicaragua no solo representan una amenaza contra la democracia y el Estado de Derecho. Esto también repercute seriamente en el clima de negocios, y no solo para Nicaragua, sino en Centroamérica, pues envía un mensaje negativo para la atracción de inversión directa. Estamos en una era en la que el nearshoring se ha vuelto una tendencia, así lo que sucede en el vecino país es preocupante”, dijo Hermann Girón, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
“De esta manera se afecta el desarrollo socioeconómico de las naciones, se ve amenazada la generación de empleo y crea un ambiente de incertidumbre en estos momentos en los que estamos en proceso de recuperación económica”, agregó.
La directora de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Fanny D. Estrada, dijo que dentro de las 19 organizaciones empresariales anuladas por la dictadura de Nicaragua está la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen), y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadoras de Centroamérica (Fecaexca).
El lunes anterior, el dictador Daniel Ortega canceló al menos 18 cámaras empresariales, entre ellas la más representativa del país, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
