La aprobación de una moción en el Congreso Nacional abre paso a la creación de una Ley de Reactivación y Rehabilitación del Sector Agropecuario en Honduras, una iniciativa que, según dirigentes del rubro, podría generar más de 240,000 empleos permanentes y devolver dinamismo a una actividad clave para la economía nacional y regional.
El sector agropecuario hondureño atraviesa una emergencia marcada por la falta de financiamiento, invasión de tierras, migración irregular, cambio climático y altos costos de insumos. Estos factores han provocado una caída sostenida en la producción y un deterioro del empleo en los últimos años.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 Honduras registra 4,075,415 personas ocupadas, de las cuales el 21.9 %, equivalente a 892,515 trabajadores, pertenece a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Hace seis años, el sector superaba los 1.2 millones de empleos, lo que evidencia la contracción.
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es el subsidio de deuda para sacar de la central de riesgo a más de 100,000 productores que hoy no pueden acceder a créditos frescos. El diputado Rolando Barahona, del Partido Liberal, planteó en el Congreso la necesidad de convertir esta medida en ley para permitir que los agricultores endeudados puedan reactivarse.
Los productores sostienen que muchas de las deudas, que en promedio rondan los 100,000 lempiras (casi 3,800 dólares), se arrastran desde los huracanes Eta e Iota, las sequías y la pandemia. Algunas organizaciones, sin embargo, acumulan compromisos de hasta tres millones de lempiras, lo que ha cerrado las puertas del financiamiento formal tras la regulación más estricta del sistema bancario.
Héctor Ferreira, presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), señaló que la ley debe incluir financiamiento diferenciado por rubro, seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y la implementación efectiva del programa del “vaso de leche” en la merienda escolar con producción nacional. La Fenagh agrupa a 13 sectores y más de 150,000 productores.
El impacto también se siente en el sector camaronero. Wilmer Cruz, representante del rubro, advirtió que han cerrado cerca de 200 fincas en Choluteca y Valle, con la pérdida de más de 10,000 empleos directos. Además, el sector enfrenta aranceles de hasta 20 % en mercados como Taiwán y Europa, lo que limita su competitividad internacional.
Dirigentes como Dulio Medina, de la Asociación Nacional de Productores de Grano (Prograno), aseguran que si la ley incluye subsidio de deuda, seguro agrícola, asistencia técnica y sistemas de riego, el agro podría generar no solo 240,000 empleos permanentes, sino el doble en puestos temporales, fortaleciendo la seguridad alimentaria y la capacidad exportadora de Honduras en un contexto regional de alta presión económica.