La inversión per cápita en Guatemala en justicia y seguridad diaria es de $0.40 por cada ciudadano, de acuerdo con cálculos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El centro de pensamientos presentó esta semana su primer boletín y el observatorio del gasto público en justicia y seguridad (GPJS). Este documento señala que al segundo trimestre de 2023 el presupuesto vigente en estos ramos fue de $2,335 (equivalente a 18,264.3 millones de quetzales), un 1.5 % superior al saldo registrado a inicios del año.
Esta asignación representó un 14 % del repuesto total del Gobierno central y equivale a un 2.3 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, la ejecución de estos recursos apenas llegó a un 37.8 % (unos $877 millones), un resultado que, a criterio del Icefi, es muy bajo considerando el ascenso en los índices de inseguridad y criminalidad en el país centroamericano. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reportó en agosto pasado que los homicidios en Guatemala aumentaron un 2.6 % entre enero y julio, con 2.569 víctimas mortales.
Por finalidad, el monto más oneroso se destinó a justicia con 9,877 millones de quetzales ($1,255 millones), pero la ejecución fue de apenas un 33.8 %. En seguridad se tenía un presupuesto de 7,523.5 millones ($956 millones), con una ejecución de 43 %, mientras que en transparencia se tenía asignado un presupuesto de 863.4 millones ($109 millones), de los cuales solo se utilizaron el 39.4 %.
El personal es el gasto más grande
El Icefi evalúa el gasto en justicia en 14 instituciones, para seguridad en 9 y en transparencia a 4.
Además, el centro de pensamientos revisa el gasto por ubicación geográfica. El estudio reveló que el 77.7 % de los recursos asignados a seguridad y justicia se concentran en el departamento de Guatemala. Sin embargo, el Icefi toma con cautela estos datos porque algunos bienes y servicios se adquieren de manera centralizada y luego se entregan al resto de municipios.
Al desgranar por finalidad de gasto, el Icefi encontró que el grueso de los recursos, un 67.6 %, se destinó para servicios personales, es decir, para el pago de empleados y funcionarios.
Un 10.6 % se asignó para servicios no personales, un renglón donde entran las transferencias para arrendamientos, servicios básicos y viáticos. El 7.2 % se asignó para la adquisición de equipos y maquinaria, un 3.8 % se utilizó para indemnizaciones y prestaciones; y un 3.7 % quedó como gastos imprevistos y créditos de reserva.
De igual manera, el Icefi evaluó qué tanto cumple el GPJS los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), relacionados a garantizar la paz y la justicia a la ciudadanía. Según su análisis, un 71.5 % se apega a esta meta, un 3.2 % con la reducción de la desigualdad, un 1.6 % con llevar salud y bienestar, y 1.1 % con trabajo decente y crecimiento económico.
