La dictadura de Nicaragua no pudo, ni podrá, acceder este año al millonario desembolso del Fondo Verde para el Clima, por incumplimiento de políticas y procedimientos.
Así lo anunció la junta directiva, según un artículo del centro de pensamiento Diálogo Américas.
De acuerdo con la información, la junta del Fondo Verde para el Clima (GCF) de las Naciones Unidas (ONU) suspendió los desembolsos para el proyecto BioCLIMA: Acción Climática Integrada para Reducir la Deforestación y Fortalecer la Resiliencia en las Biosferas de Bosawás y Río San Juan en Nicaragua, debido a instancias de incumplimiento de políticas […].
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— Fundación del Río (@fundaciondelrio) September 26, 2023
En las últimas semanas, según denuncias de ambientalistas y líderes indígenas, la dictadura había desplegado un turbio plan de consultas mediante la policía y el ejército, ambos bajo servidumbre del régimen, que consistía en obligar a los residentes a firmar un documento de apoyo a cambio de dinero o bajo amenaza de cárcel.
“Es bien sabido que esto del fondo, diseñado con buenas intenciones en el marco del programa Bio-CLIMA, ha sido manipulado durante años para financiar estructuras políticas de la dictadura”, señala la publicación con fecha del 25 de septiembre.
“Uno de los errores más grandes del régimen es imponer esta propuesta y buscar financiamiento a espaldas de estas comunidades indígenas y afrodescendientes, porque nunca se dieron cuenta de cuáles eran las actividades que iban a realizar”, cita la publicación al líder ambientalista Amaru Ruiz, biólogo y presidente de la organización no gubernamental (ONG) nicaragüense Fundación del Río.
“El proyecto sigue activo, y el régimen Ortega-Murillo va a tratar, por todos sus medios y con todas sus capacidades, de presentar un nivel de cumplimiento a los señalamientos hechos”, había dicho Ruiz el pasado 8 de septiembre.
La decisión de suspender los desembolsos se deriva de una investigación iniciada por el Mecanismo Independiente de Reparación del GCF, después de que los nativos dijeran que el proyecto era perjudicial debido a la falta de consentimiento libre, previo e informado para las actividades; degradación medioambiental; invasiones de territorios indígenas; ataques violentos por parte de colonos armados no indígenas, y un aumento de estos casos de agresión.
A partir de la denuncia, el GCF inició una investigación y sus conclusiones quedaron reflejadas en su Informe de Revisión de Cumplimiento, donde destaca que este proyecto, aprobado el 13 de noviembre de 2020, debe “promover el uso sostenible de la tierra y la gestión forestal para restaurar los paisajes forestales degradados en las Reservas de la Biosfera de Bosawás y Río San Juan en la región del Caribe de Nicaragua”.
La decisión, publicada en redes sociales por el líder opositor nicaragüense Félix Maradiaga, señala que este año el régimen no podrá acceder a esos fondos.
Según la publicación de Diálogo América, tres de los grandes problemas de difícil solución para continuar con el proyecto en Nicaragua son: primero, el proyecto fue formulado desde una visión alejada de los conflictos e intereses de estos territorios; segundo, las familias nativas no quieren que las familias invasoras, que en muchos casos las han desplazado o asesinado a sus familiares, vivan en este territorio; y tercero, el proyecto beneficia a familias invasoras que han contribuido a la deforestación de los bosques, explicó Ruiz.
Antes de la toma de decisión, la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), integrada por nueve organizaciones opositoras en Nicaragua y en el exilio, había solicitado que no se autorice el desembolso para el proyecto Bio-CLIMA, porque los fondos podrían ser utilizados para violaciones de derechos humanos en territorios indígenas, informó el sitio suizo de noticias Swissinfo.
“Este fondo, en lugar de favorecer a las comunidades indígenas, oxigenará las acciones autoritarias y violentas de la dictadura Ortega-Murillo; les permitirá continuar con la represión sistemática y reiterada de las poblaciones”, señaló PUDE a través de las redes sociales.
“Diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos advierten que las poblaciones indígenas de Nicaragua están en riesgo de ser exterminadas por la constante invasión de sus territorios”, dijeron.
El Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes registró 571 violaciones a los derechos humanos en 83 comunidades dentro de 17 territorios indígenas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, incluyendo invasión de tierras por colonos o terceros, criminalización de defensores, violencia política y represión contra la autonomía comunitaria, informó el sitio de noticias de investigación Nicaragua Investiga.
“Es la primera vez que una denuncia llega a la junta y sienta un precedente preocupante”, dijo Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, a la revista Climate Change News.
La decisión de suspender los desembolsos es la primera de este tipo desde la creación del fondo en 2010.
