La agencia calificadora Fitch Ratings confirmó la calificación de riesgo soberano de El Salvador en “B-” con perspectiva estable, destacando avances en estabilidad macroeconómica y consolidación fiscal.
El informe señala que la nota se sustenta en menores necesidades de financiamiento, estabilidad derivada de la dolarización y un ingreso per cápita superior al de países con similar calificación. Sin embargo, Fitch advierte que el país aún enfrenta importantes desafíos, como altos niveles de deuda pública, costos elevados de intereses y una débil posición externa.
La calificadora indicó que la perspectiva estable refleja la expectativa de continuidad en el crecimiento económico y el ajuste fiscal, aunque persisten riesgos asociados al aumento en los precios del petróleo y la incertidumbre sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En ese sentido, señaló que las revisiones del programa con el FMI, previstas para septiembre de 2025 y marzo de 2026, aún están pendientes, principalmente por retrasos en reformas de pensiones y aspectos relacionados con bitcoin.
El tema previsional se perfila como uno de los principales retos, ya que Fitch advierte un déficit actuarial significativo que podría agotar el fondo de garantía solidaria hacia 2029.
Asimismo, la agencia prevé que el crecimiento económico alcance 3.0 % en 2026, tras un 3.9 % en 2025, impulsado por inversión en construcción y consumo sostenido por remesas.
En materia fiscal, destacó que el déficit se redujo a 2.9 % del PIB en 2025 y proyecta que baje a 2.4 % en 2026, apoyado en mayores ingresos y control del gasto.
No obstante, la deuda pública seguirá siendo elevada, con una proyección de 87.4 % del PIB en 2026, mientras que los pagos de intereses representaron 18.1 % de los ingresos en 2025.
Fitch también advirtió que el déficit en cuenta corriente aumentará a 4.1 % del PIB en 2026, debido principalmente al encarecimiento del petróleo, lo que podría presionar la economía externa.
La agencia concluyó que el panorama político favorece la continuidad de políticas económicas, aunque el ciclo electoral hacia 2027 podría dificultar la implementación de reformas estructurales.