En Costa Rica, la discusión en torno al despliegue de la red 5G ha alcanzado un nuevo punto álgido tras el reciente fallo de la Sala Constitucional, que respaldó la implementación del polémico Reglamento de Ciberseguridad. Este reglamento, considerado clave para la protección de la infraestructura tecnológica del país, se ha convertido en el centro de un intenso debate que involucra cuestiones de seguridad nacional, derechos de las empresas y la viabilidad del avance tecnológico en la región.
El reglamento, presentado hace un año, es parte de la estrategia del gobierno costarricense para regular el despliegue de la infraestructura de 5G.
Sin embargo, su implementación se ha visto frenada por una serie de desafíos legales, incluyendo medidas cautelares que han suspendido el proceso de subasta del espectro radioeléctrico necesario para la red.
El fallo reciente, identificado como la sentencia N° 2024-002222, rechazó uno de los cuatro recursos legales interpuestos contra el reglamento, lo que fue recibido como una victoria parcial por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves.
En una conferencia de prensa, el presidente Chaves y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, subrayaron la importancia de este fallo, destacando que la Sala Constitucional ha confirmado la competencia del Estado para definir las reglas técnicas en torno a la ciberseguridad y el despliegue de 5G.
Según el fallo, el reglamento no viola la constitución ni los tratados internacionales, no discrimina a ninguna empresa y respeta la neutralidad tecnológica.
Esto fue en respuesta a una demanda de la empresa china Huawei, que quería competir por el servicio 5G, pero fue descartada por el gobierno por inseguridad en el manejo de datos.
Sin embargo, la implementación del reglamento y, por ende, el despliegue de la red 5G en Costa Rica, sigue en suspenso debido a una medida cautelar interpuesta por sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Bogantes explicó: “Huawei presentó un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad ante el decreto que fue rechazado por la sala constitucional; acto seguido, ante la sala Contenciosa presenta una medida cautelar, que también fue rechazada por el Juez y, actualmente, queda la medida cautelar solicitada por dos sindicatos del (Grupo) ICE, que siete meses más tarde sigue sin ser resuelta por el Juez itinerante que lo está llevando adelante (…), y es una medida cautelar con medida provisionalísima”.
Esta medida, que ya lleva siete meses sin resolución, impide al Grupo ICE licitar el equipamiento necesario para avanzar con la infraestructura de 5G, situando a la empresa estatal en una desventaja competitiva.
La ministra Bogantes hizo un llamado a la justicia para que acelere la resolución de esta medida cautelar, señalando que la demora está afectando no solo al Grupo ICE, sino también al desarrollo tecnológico del país.
A pesar del apoyo recibido por la Sala Constitucional, el proceso sigue envuelto en incertidumbre, lo que mantiene en vilo a los actores del sector de telecomunicaciones y a los ciudadanos que esperan la llegada de la tecnología de quinta generación.
Este conflicto refleja la complejidad de equilibrar el avance tecnológico con la seguridad nacional y los derechos empresariales, un desafío que Costa Rica enfrenta en su camino hacia la modernización digital.
Con tres de los cuatro recursos legales ya rechazados, el gobierno espera que la resolución final permita desbloquear el proceso y comenzar finalmente con el despliegue de la red 5G, una tecnología que promete transformar la conectividad y el desarrollo en el país y la región.
