Un informe sobre los derechos económicos y sociale presentado este 7 de junio por la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica, desmitificó el discurso oficial del gobierno de Daniel Ortega que presenta a Nicaragua como un país en pleno desarrollo y demostró, con los mismos datos oficiales, que en esa nación existe una profunda crisis socioeconómica y graves violaciones a esos derechos que obligan a los nicaragüenses a desplazarse.
Los resultados del estudio, denominado Primer Informe sobre los Derechos Económicos y Sociales en Nicaragua, fueron presentados por el economista y politólogo Enrique Sáenz, quien aclaró que es la primera vez que se realiza un análisis de esta naturaleza porque la situación de represión “nos hace concentrarnos en temas de derechos humanos y políticos”.
“El gobierno presenta una situación de desempleo como el que tienen los países escandinavos del 3 por ciento, pero lo que no dicen es que la mayoría de los nicaragüenses, según las cifras del Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS), se encuentran laborando en el sector informal (78 por ciento) y que el 38 por ciento son trabajadores subempleados, lo que significa que son empleados que no laboran las ocho horas reglamentarias, o los 5 días de la semana o que reciben un salario proporcional”, reveló el economista.
El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, anunció en enero pasado que la tasa de desempleo se había logrado reducir de un 3.5 por ciento, en el 2021, a un 2.6 en el 2022.
Realidades de la seguridad social:
Proporción de afiliados en relación a la Población Económicamente Activa: 22%El modelo económico ha demostrado incapacidad para generar empleos formales y prevalencia de salarios
— Fundación Puentes para el Desarrollo (@Fpuentes_Des) June 6, 2023
Las cifras empeoran cuando se desagregan en el estudio. Por ejemplo, un dato interesante indica que el 14 por ciento de los trabajadores nicaragüenses laboran sin remuneración.
“Esta es la señora que ayuda a prender el carbón en la fritanga o la sobrina que atiende en la pulpería”, explicó Sáenz.
Aumentos de salario no da para alimentos
También se revela que los salarios fueron ajustados en el 2022; sin embargo, esto no squiparó al aumento de los productos de la canasta básica que, en su conjunto, alcanzó un incremento del 22 por ciento para ese año, para un total de 19 mil córdobas. La tasa de ajuste total del salario mínimo fue de 10 por ciento, mientras que, en algunos sectores, como el de las zonas francas, alcanzó el 8 por ciento.
El ajuste de las pensiones para los jubilados fue de apenas del 2 por ciento y en el salario promedio de la economía formal fue del 1 por ciento.
En el estudio se analizó el incremento de los costos de los alimentos, principalmente los que componen la dieta de los nicaragüenses promedio: el queso, la tortilla, frijoles. Estos alcanzaron aumentos del 26, 65 y 33 por ciento respectivamente.
Por los datos anteriores, el estudio concluye que las cifras presentadas “evidencia que, en realidad, lo que está planteado no es propiamente el derecho al trabajo o a un salario digno, sino el derecho a la sobrevivencia”.
Corrupción y energía
Sáenz afirmó que el estudio plasma un capítulo completo al tema de las inversiones cuantiosas en energía eléctrica. Estas inversiones incluyen una partida de $400 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otra de $600 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica, que a la fecha no ha redundado en beneficio para el consumido porque éste sigue pagando una de las tarifas eléctricas más caras del istmo.
“A pesar de las grandes inversiones en este sector, en Nicaragua la generación bruta es menor que la que existía 9 años atrás, según cifras oficiales. El gobierno dice que tiene una cobertura eléctrica de más del 90 por ciento en el país, pero el consumo actual es menor que el que existía hace 6 años, igual que el consumo en el sector industrial. Las pérdidas técnicas son mayores que las que existían 5 años atrás”, afirmó.
Paniaguados de la dictadura pregonan que la economía es éxito total. Veamos: Según el Bco Central de #Nicaragua en marzo 2023 el #INSS registró 799,721 afiliados y en abril fueron 794.008:¡En un mes perdió 5.713 afiliados! ¿Crecimiento económico que lanza trabajadores a la calle? pic.twitter.com/eHSXZAN1n7
— Enrique Sáenz (@Saenzn_e) June 4, 2023
Pero un dato que llamó la atención fue el gasto en importación de energía eléctrica que Nicaragua compra a los demás países centroamericanos. Solamente en el 2022, según el Banco Central de Nicaragua, se pagó casi 102 millones de dólares en importación de energía. “Claro, importar la energía es clave porque es más barata y resulta en beneficios para los dueños del negocio”, detalló Sáenz.
De allí que el economista en su presentación preguntó: “¿Quiénes son los dueños de la generación eléctrica en Nicaragua? ¿Quiénes son los dueños de Disnorte y Dissur (compañía distribuidora de la electricidad)? ¿Quiénes controlan los entes reguladores del sector en el Estado?”.
El informe concluye asegurando que “las violaciones a los DES (derechos económicos y sociales) en Nicaragua son masivas y cotidianas. Esas violaciones evidencian que lo que está en juego en ese país es la sobrevivencia y esta situación no es previsible que se revierta en el corto plazo”.
La profunda crisis evidenciada en el análisis demuestra que ella es el origen del desplazamiento forzado (no migración) de los nicaragüenses.
