La decisión sin precedentes del Congreso Nacional de Honduras de ordenar una supervisión integral sobre los negocios de origen chino abrió un nuevo capítulo en el debate sobre los beneficios y desafíos de la relación que Tegucigalpa mantiene con Pekín desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2023.
La iniciativa, impulsada por el diputado Mario Pérez y aprobada por el Legislativo, instruye a varias instituciones estatales a verificar que los comercios vinculados a ciudadanos chinos operen conforme a la legislación hondureña en materia tributaria, aduanera, comercial y migratoria.
Entre las entidades involucradas figuran el Servicio de Administración de Rentas (SAR), que deberá revisar el cumplimiento fiscal de estas empresas; la Administración Aduanera de Honduras, encargada de verificar las importaciones y el pago de tributos; y el Instituto Nacional de Migración, que evaluará la situación legal de propietarios y trabajadores extranjeros.
La moción también solicita al Banco Central de Honduras monitorear posibles salidas de divisas a China vinculadas a estas actividades comerciales, mientras que la Secretaría de Desarrollo Económico deberá supervisar la calidad de los productos que ingresan al mercado nacional.
Durante la discusión legislativa, el diputado Mario Pérez afirmó que la expansión de los comercios chinos ha generado preocupación entre empresarios locales.
“Son muchas las familias hondureñas que se están quedando sin empleo y muchas economías familiares también que están en grave crisis”, sostuvo el legislador, quien insistió en que la medida no busca afectar a China, sino garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales.
Quiebran negocios de hondureños
El diputado Pérez dijo que los negocios chinos se han expandido en todo el país y que donde llegan “el comerciante hondureño está quebrando, van para abajo” y criticó que el gobierno chino solo lleve “tiendas chinas”, pero no fabricas o empresas dedicadas a la industria o al agro.
“Son muchas las familias hondureñas que se están quedando sin empleo y muchas economías familiares también que están en grave crisis” señaló. Pérez dijo no tener “nada contra el país asiático”, pero enfatizó que si comercios chinos llegan a Honduras deben cumplir con las leyes.
El legislador enlistó que se debe conocer si los negocios chinos operan legalmente, si pagan impuestos, si la importación de productos es legal, si no hay “fuga de divisas”, que haya supervisión de calidad de productos y que se verifique el estatus migratorio de los dueños de negocios chinos.
Pérez señaló que, tras más de tres años de relaciones diplomáticas con Pekín, los resultados más visibles han sido la apertura de tiendas y establecimientos comerciales, mientras que aún no se concretan inversiones industriales de gran escala que generen empleo y valor agregado para la economía hondureña.
Las críticas también fueron respaldadas por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien cuestionó los resultados económicos de la relación bilateral. Según el dirigente político, sectores como la industria camaronera resultaron afectados tras el cambio de las condiciones comerciales con China. Zambrano aseguró que miles de empleos se han perdido en las zonas productoras del sur del país debido a la reducción de compras y cambios en los precios internacionales del camarón.
Respaldo empresarial
Desde el sector privado, la medida recibió respaldo de organizaciones empresariales como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), cuyos representantes consideran necesario garantizar que todos los negocios operen bajo las mismas reglas.
La directora ejecutiva de la CCIT, Paola Díaz, afirmó que las autoridades deben asegurarse de que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.
“Es imprescindible que nuestras instituciones realicen los trabajos de supervisión y garanticen que se cumplan las leyes que existen en nuestro país”, expresó.
Por su parte, la presidenta del Cohep, Annabelle Gallardo, sostuvo que todas las personas y empresas que desarrollan actividades económicas en Honduras deben cumplir con las mismas obligaciones tributarias y regulatorias. La dirigente empresarial consideró que corresponde a las autoridades verificar posibles incumplimientos y actuar conforme a la ley.
El debate ocurre en un contexto de creciente presencia china en Honduras. Datos oficiales citados durante la discusión parlamentaria indican que el flujo migratorio procedente de China aumentó de 403 personas en 2020 a más de 5,000 en 2025, fenómeno que coincide con la expansión de establecimientos comerciales administrados por ciudadanos de ese país.
Sectores como el comercio minorista, textiles, artículos para el hogar, productos electrónicos e industrias ligeras figuran entre los más sensibles a la competencia de mercancías importadas desde Asia. La supervisión aprobada por el Congreso busca determinar si existen distorsiones que afecten la competitividad de los negocios hondureños y garantizar condiciones equitativas para todos los participantes del mercado.