El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de nuevos aranceles a 60 economías por considerar que no han aplicado o hecho cumplir de forma efectiva las prohibiciones a las importaciones de bienes producidos con trabajo forzado. Entre los países incluidos en la medida se encuentra Guatemala, El Salvador y Honduras, que enfrentarán un gravamen del 10 %.
La decisión fue adoptada por el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, por instrucción del presidente Donald Trump, en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, utilizada por Washington para responder a prácticas comerciales que considera injustas o perjudiciales para el comercio estadounidense.
“El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos ha mantenido una prohibición de importación de trabajos forzosos durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, afirmó Greer en un comunicado oficial.
Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras forman parte del grupo de economías que ya cuentan con una prohibición para las importaciones vinculadas al trabajo forzado o que han asumido compromisos para fortalecer ese marco legal mediante acuerdos comerciales recíprocos. Por esa razón, el país recibió el nivel arancelario más bajo previsto dentro de las nuevas sanciones, equivalente al 10 %.
Además de los países centroamericanos, la medida también se aplicará a Ecuador, Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido. Mientras tanto, otros países incluidos en la investigación enfrentarán aranceles de 12.5 %, dependiendo de sus políticas en materia de trabajo forzado.
La investigación comenzó el 12 de marzo de 2026 por orden del presidente Trump e incluyó consultas con más de 45 gobiernos, dos rondas de audiencias públicas, la recepción de más de 2,100 comentarios ciudadanos y la evaluación de más de 100 testimonios antes de que la administración estadounidense adoptara la decisión definitiva.
El USTR también informó que algunos productos quedarán exentos de los nuevos aranceles. Entre ellos figuran materias primas cuya imposición pueda afectar el abastecimiento interno de Estados Unidos, bienes que podrían generar interrupciones económicas, productos que no pueden fabricarse en cantidades suficientes dentro del país y determinados artículos procedentes de economías, como las de los países centroamericanos, para incentivar el fortalecimiento de las medidas contra el trabajo forzado.
La medida forma parte de la estrategia comercial impulsada por la administración Trump para exigir a sus socios comerciales mayores controles sobre las cadenas de suministro y reforzar la lucha contra el trabajo forzado, al considerar que esta práctica representa tanto una violación de los derechos humanos como una distorsión del comercio internacional.