El Salvador cerró 2024 con un ingreso neto de $639.6 millones en inversión extranjera directa (IED), equivalente al 1.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), según el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe sobre Clima de Inversiones. Aunque la cifra representa una caída del 11 % frente al año anterior, el país continúa fortaleciendo su perfil regional como destino de inversión, gracias a su estabilidad cambiaria, cercanía con EE.UU. y un entorno más seguro.
El informe destaca que el presidente Nayib Bukele fue reelegido en febrero de 2024 con casi el 85 % de los votos, lo que le ha permitido mantener el control político del país e impulsar reformas para el crecimiento económico. En abril de 2025, el gobierno estadounidense actualizó su aviso de viaje a “Nivel 1”, señalando que se pueden ejercer precauciones normales debido a la significativa reducción de la violencia.
El informe cita que entre los países que lideran la inversión se encuentran España con $285 millones, Estados Unidos con $113 millones y Panamá con $100 millones. Sectores como desarrollo de software, turismo, dispositivos médicos, autopartes, alimentos y bebidas, criptomonedas y manufactura eléctrica se posicionan como los más atractivos, según la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (INVEST).
A inicios de 2025, el gobierno lanzó un ambicioso plan de reformas económicas por $1,400 millones en conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual desbloqueó financiamiento adicional de bancos multilaterales. El éxito del programa, que se desarrollará en 40 meses, dependerá del cumplimiento de metas fiscales, de transparencia y de modernización institucional.
El informe destaca que en el ámbito regulatorio, El Salvador ha avanzado con la digitalización del registro de empresas a través de la plataforma Miempresa, que permite constituir una empresa en tres días hábiles. También se ha impulsado el uso de facturación electrónica y la ampliación de la base tributaria como parte de los compromisos asumidos con el FMI.
Pese a los avances, el país aún enfrenta desafíos que afectan el clima de negocios: una fuerza laboral con limitadas competencias técnicas, un mercado energético con regulaciones inconsistentes, alta informalidad —que alcanza el 70 % de la economía— y debilidades en ciberseguridad e infraestructura digital.
La Asamblea Legislativa aprobó en diciembre de 2024 una nueva Ley General de Minería Metálica, que deroga la prohibición de 2017 y permite la exploración estatal de metales, bajo condiciones que garanticen el acceso a agua potable y el cumplimiento de normas ambientales.
En cuanto a transparencia fiscal, el país publica sus presupuestos y reportes de ejecución, pero no alcanza los estándares internacionales, según el documento. La Corte de Cuentas, responsable de auditar a las instituciones del Estado, no publicó resultados de auditoría durante 2024.
En febrero de 2025, se aprobó la Ley Anticorrupción que crea el Centro Nacional contra la Corrupción y obliga a los funcionarios a declarar sus bienes, pasivos e ingresos. La normativa entrará en vigor en agosto próximo. “El Salvador ha dejado de ser un país donde los funcionarios pedían sobornos para prestar servicios públicos”, cita el informe, aunque organizaciones civiles consideran que la corrupción aún persiste en altos niveles y critican la falta de transparencia en algunas áreas del gobierno.
Finalmente, el Departamento de Estado señala que el país mantiene una prensa activa que informa sobre casos de corrupción, aunque en abril de 2024 un juez condenó al periódico El Diario de Hoy por presunta vulneración al “derecho al honor y la privacidad”, lo cual encendió las alarmas sobre libertad de expresión.
