La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa su ofensiva para expandir la minería a cielo abierto en Nicaragua, al otorgar otras cuatro concesiones a la empresa Global Group S.A., ligada a capital chino, que abarcan una superficie total de 40.710 hectáreas en los departamentos de Nueva Segovia (norte) y Chontales (centro), según reveló el Diario Oficial La Gaceta.
Los nuevos permisos, emitidos por el Ministerio de Energía y Minas, permiten la extracción de minerales metálicos y no metálicos en tres lotes denominados “Segovia Mining 4”, “Segovia Mining 5” y “Segovia Mining 6”.
Todos en el municipio de San Juan de Río Coco, al norte del país. La cuarta concesión se ubica en el lote “Acoyapa”, que comprende territorios de los municipios de Villa Sandino, Acoyapa y El Coral, en Chontales, al centro del país.
Con estas nuevas concesiones, el régimen sandinista acumula un total de siete permisos mineros a favor de Global Group S.A. en solo dos semanas, abarcando un área total de 86.977 hectáreas, según los propios registros oficiales.
La empresa Global Group S.A., registrada en Nicaragua desde 2021, es representada por el ciudadano nicaragüense Mario José Reyes Morales.
El abogado Deybi Josué García Gutiérrez figura como apoderado general. Ninguno de los representantes ha hecho pública declaración alguna sobre sus operaciones.
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Minería ligada a sello chino
Aunque oficialmente Global Group S.A. aparece como empresa nicaragüense, fuentes del sector minero han señalado sus vínculos con capital chino, en un contexto de creciente alineamiento económico de la dictadura de Ortega y Murillo con el régimen de Pekín.
Desde que rompió relaciones con Taiwán en 2021 y reconoció a la República Popular China, Nicaragua ha acelerado la entrega de contratos estratégicos en energía, infraestructura y minería a empresas con nexos con el Partido Comunista Chino.
El Tratado de Libre Comercio entre ambos países, en vigor desde enero de 2024, ha reforzado ese eje de cooperación.
Ambientalistas como el científico desnacionalizado Amaru Ruiz han denunciado que estas concesiones “a cielo abierto” violan derechos ambientales y territoriales, y se otorgan sin consulta previa a las comunidades afectadas.
“El régimen prioriza el saqueo del oro sobre la vida de las personas y los ecosistemas”, dijo Ruiz en redes sociales.
El oro, botín del régimen
El oro es hoy el principal producto de exportación de Nicaragua. Solo en 2024, el país exportó US$1.391 millones en minerales, lo que representó un crecimiento del 20 % respecto a 2023, impulsado por el aumento del precio internacional del oro y la expansión de los volúmenes exportados, según datos del Banco Central.
La empresa Calibre Mining, de origen canadiense, es el principal actor del sector y emplea a unas 3.500 personas en el país.
Sin embargo, Global Group S.A. ha emergido como nuevo protagonista de la política extractiva del régimen, desplazando a otras firmas en la asignación de nuevos territorios concesionados.
Hasta finales de 2023, Nicaragua había entregado 299 concesiones mineras, de las cuales 172 eran para explotación metálica —principalmente oro— y 127 para no metálica.
El ritmo se ha acelerado desde entonces, en medio de una caída del 27 % en los desembolsos de financiamiento externo al sector privado, según datos del Banco Central.
Silencio institucional
Ninguna institución del Estado ha explicado por qué Global Group S.A. ha sido beneficiada de forma tan recurrente.
Organismos independientes, como la Fundación del Río, advierten que la opacidad en los procesos de concesión, el ocultamiento de los beneficiarios finales y la ausencia de estudios ambientales transparentes podrían esconder casos de corrupción o triangulación con intereses del círculo cercano a la familia Ortega-Murillo.
La concentración minera en manos de una sola empresa, refuerza la preocupación de sectores ambientalistas y defensores de derechos humanos, quienes ven en la expansión minera otro frente de control económico de la dictadura.
