Costa Rica se ha convertido en el tercer país de América Latina con mayor deuda frente al Fondo Monetario Internacional (FMI), solo por detrás de Argentina y Ecuador. Sin embargo, el caso costarricense presenta diferencias clave en su origen y manejo, lo que marca distancia frente a otras economías de la región.
Según datos recientes, Argentina lidera la lista con una deuda de $56,944 millones, equivalente al 8,3% de su PIB, seguida por Ecuador con$8.850 millones (6,8% del PIB) y Costa Rica con$2.441 millones, que representan el 2,4% de su economía.
A pesar de figurar en este ranking, expertos destacan que la carga de deuda de Costa Rica es considerablemente menor en proporción a su tamaño económico. Esto refleja una situación fiscal menos crítica en comparación con los otros países mencionados.
El origen de esta deuda se remonta a décadas de déficits fiscales acumulados entre 2000 y 2020, cuando el gasto público superó de forma constante los ingresos del Estado. Factores como la crisis financiera de 2009 y la pandemia de COVID-19 profundizaron este desequilibrio.
En 2018, el país aprobó una reforma clave para fortalecer sus finanzas públicas. Entre las medidas, se implementó el impuesto al valor agregado (IVA), se amplió la base tributaria y se estableció una regla fiscal para controlar el gasto estatal.
Estas reformas abrieron el acceso a financiamiento internacional, incluyendo apoyo del FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, el impacto económico de la pandemia redujo rápidamente los beneficios iniciales de estos cambios.
En 2020, Costa Rica recurrió por primera vez en una década al FMI mediante un crédito de emergencia de US$506 millones. Un año después, obtuvo un acuerdo ampliado por$1.778 millones condicionado a nuevas reformas fiscales y estructurales.
Un dato novedoso y clave es que gran parte de la deuda actual no corresponde a desembolsos activos, sino a líneas de crédito precautorias. En 2025, el FMI aprobó para Costa Rica una Línea de Crédito Flexible por$1.500 millones, diseñada como respaldo ante posibles crisis externas.
Este tipo de financiamiento distingue a Costa Rica en la región, ya que refleja confianza internacional en sus políticas económicas. Además, parte de estos recursos están vinculados a créditos “verdes”, orientados a sostenibilidad y cambio climático.
En paralelo, la economía costarricense ha mostrado señales positivas, con exportaciones récord que alcanzaron los $23.000 millones y un aumento en la inversión extranjera directa, impulsada por empresas multinacionales.
Aunque el país enfrenta desafíos fiscales y posibles reformas tributarias en el futuro, analistas coinciden en que su relación con el FMI funciona más como un seguro financiero que como un rescate. Esto podría darle mayor margen para enfrentar escenarios globales adversos.