La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), junto con las Cámaras de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y de Atlántida (CCIA), emitieron un pronunciamiento en defensa del artículo 31 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, luego de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) presentara un recurso de inconstitucionalidad en su contra ante la Corte Suprema de Justicia.
El recurso fue interpuesto el pasado 30 de enero de 2025 por el abogado Riki Nelson Dubón Turcios, apoderado legal de la ENEE, argumentando que dicho artículo es contrario al artículo 110 de la Constitución de la República, que garantiza a las personas naturales el derecho a resolver sus asuntos por transacción o arbitraje.
Las cámaras empresariales rechazaron esta interpretación, señalando que el derecho al arbitraje no debe entenderse de forma restrictiva y que la Ley permite, de forma potestativa, que el Estado someta a arbitraje las controversias contractuales con personas naturales o jurídicas.
“Esta disposición no debe interpretarse como si únicamente las personas naturales pudieran acceder a estos mecanismos, sino de manera inclusiva, en línea con los principios de libertad contractual y autonomía de la voluntad”, indicaron en el pronunciamiento.
Además, enfatizaron que la Ley de Conciliación y Arbitraje, vigente desde hace 25 años, ha fortalecido la seguridad jurídica en Honduras y ha sido clave para modernizar la resolución de conflictos, en línea con tratados internacionales suscritos por el país.
Las organizaciones empresariales advirtieron que el recurso promovido por la ENEE podría debilitar o incluso desmantelar un sistema alternativo de resolución de controversias que ha demostrado ser “voluntario, eficaz y confiable”.
“Su eliminación constituiría un retroceso en los esfuerzos por modernizar la justicia y consolidar la seguridad jurídica en el país”, alertaron.
Asimismo, señalaron que el cuestionamiento al artículo 31 genera un mensaje de inestabilidad jurídica que podría afectar el clima de inversión en Honduras, tanto a nivel nacional como internacional.
“Este tipo de iniciativas pueden ser vistas como señales negativas por los inversionistas, lo que pone en riesgo la competitividad del país en el contexto global”, afirmaron.
Las cámaras reafirmaron su compromiso con los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y advirtieron sobre las implicaciones que una eventual declaración de inconstitucionalidad podría tener para la imagen de Honduras como un destino de inversión confiable.
El pronunciamiento concluyó con un llamado a proteger y fortalecer los mecanismos de conciliación y arbitraje como parte esencial del sistema de justicia moderno, resaltando su papel en la eficiencia, imparcialidad y descongestión del aparato judicial.
