La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) reiteró su rechazo a la ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso de la República bajo urgencia nacional.
El sector industrial afirmó que la decisión se tomó en horas de la noche y bajo presiones políticas, sin sustento técnico ni responsabilidad fiscal.
Según la CIG, la medida agrava problemas históricos de ejecución, transparencia y control del gasto público, y compromete el futuro económico del país.
Impacto fiscal del nuevo presupuesto
La ampliación asciende a aproximadamente $1,217 millones y eleva el presupuesto 2026 a cerca de $21,430 millones.
De acuerdo con la Cámara de Industria, este monto incorpora un déficit fiscal equivalente al 3.2% del PIB.
El sector advirtió que el aumento del déficit traslada el costo del endeudamiento a las familias guatemaltecas y a los jóvenes, quienes deberán asumirlo en los próximos años.
Como sector industrial, rechazamos rotundamente la ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso de la República de urgencia nacional y en horas de la noche.
Lee la postura completa: https://t.co/TACMPCMsQd pic.twitter.com/eXnsbM2pwl
— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) January 28, 2026
Críticas a la asignación y uso de los recursos
La CIG cuestionó que la ampliación no prioriza resultados ni eficiencia. Señaló la concentración de fondos en los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), pese a su baja ejecución y a una fiscalización considerada opaca.
Al mismo tiempo, alertó sobre recortes en recursos para puentes y carreteras, lo que afecta proyectos estratégicos de movilidad, conectividad y desarrollo económico.
Confrontación con el Gobierno de Bernardo Arévalo
La ampliación presupuestaria se suma a una confrontación más amplia entre la CIG y el gobierno de Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, centrada en temas económicos y de política pública.
Estas tensiones se han intensificado desde finales de 2025. El punto de fricción más reciente ha sido el rechazo de la CIG al incremento del salario mínimo para 2026, decretado por el Ejecutivo.
Avanzamos juntos, poniendo como prioridad el desarrollo social y el fortalecimiento de nuestras instituciones políticas. 🫱🏼🫲🏽 pic.twitter.com/kaUo0vFWYh
— Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) January 29, 2026
Rechazo al aumento del salario mínimo
La Cámara de Industria afirmó que el aumento del salario mínimo responde a una decisión política más que técnica.
Según el sector, la medida no refleja la realidad productiva y económica del país ni se basa en mejoras de productividad.
La CIG advirtió que el incremento encarece el empleo formal, dificulta la creación de nuevos puestos de trabajo y afecta especialmente a los jóvenes que ingresan al mercado laboral.
También alertó sobre un impacto negativo en la competitividad de las empresas industriales.
La Cámara emitió comunicados con al menos cinco razones técnicas para oponerse, y sostuvo que la medida perjudica al sector productivo.
Otras tensiones económicas acumuladas
Además del salario mínimo y la ampliación presupuestaria, la CIG ha criticado la gestión de la infraestructura vial.
Ha citado casos como la crisis en puentes estratégicos, entre ellos el Moca, que generan problemas en comercio, movilidad y logística.
El sector industrial ha exigido resultados inmediatos al Ejecutivo para evitar impactos en la actividad económica.
También existen preocupaciones del sector privado por temas como certeza jurídica, atracción de inversiones y manejo económico, compartidas por otras cámaras empresariales.
Relación previa y cambio de tono
La relación de la Cámara de Industria con el gobierno de Arévalo no siempre fue conflictiva.
Durante la transición y los primeros años de gestión, entre 2024 y 2025, hubo participación en eventos conjuntos, congresos industriales y propuestas de mesas técnicas de diálogo.
Sin embargo, la CIG afirmó que las diferencias en política laboral, fiscal y de gasto público escalaron en el último año hacia posiciones más críticas.
Mensaje al Congreso
En su pronunciamiento de este miércoles, la Cámara de Industria dirigió un mensaje directo al Congreso de la República.
Señaló que aprobar gasto sin sustento técnico no construye país y pone en riesgo el futuro económico de Guatemala.
El sector industrial reiteró su llamado a la responsabilidad fiscal y a decisiones basadas en criterios técnicos y sostenibles.
