La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) pidió al presidente José Raúl Mulino vetar el proyecto de ley 226. La iniciativa modifica la Ley 6 de 1987 para ampliar descuentos y beneficios dirigidos a jubilados, pensionados y adultos mayores.
El gremio advierte que las nuevas obligaciones trasladarían mayores costos a las micro, pequeñas y medianas empresas.
La Asamblea Nacional aprobó el proyecto en tercer y último debate con 47 votos.
El texto amplía descuentos en salud, servicios públicos, telecomunicaciones, educación, vivienda y productos de uso personal. Además, incorpora nuevas rebajas para este grupo de población.
Entre las medidas figura un descuento adicional del 15% sobre precios promocionales. La disposición permitiría aplicar una rebaja sobre otra previamente establecida.
El proyecto también eleva de 25% a 30% el descuento en la factura eléctrica. Asimismo, contempla beneficios para pañales de adultos, atención médica privada a domicilio y dispositivos de apoyo.
#CámaraOpina Las MiPymes cumplen un papel clave en la economía y en la atención cotidiana de miles de panameños. Ampliar descuentos obligatorios sin medir su impacto puede traducirse en mayores costos, menor inversión y presión sobre el empleo. https://t.co/5feRGq60LK
— Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (@CCIYAP) August 30, 2026
El gremio cuestiona el impacto en las empresas
La Cámara considera que las Mipymes tienen una capacidad limitada para asumir nuevas obligaciones. Según su postura, los descuentos obligatorios reducen los ingresos de los negocios mientras mantienen sus costos operativos.
El gremio señaló que las empresas enfrentan gastos relacionados con planillas, alquileres, energía, insumos, financiamiento e impuestos.
Ante ese escenario, advirtió que mayores cargas podrían afectar los márgenes empresariales, las inversiones y las contrataciones. También planteó posibles efectos sobre los precios y la continuidad de algunos negocios.
Plantea revisar el financiamiento
El gremio también se refirió al crédito fiscal del 100% planteado para reconocer los descuentos. A su juicio, esa medida no resuelve por sí sola el problema de sostenibilidad.
La Cámara pidió evaluar primero el costo de ese mecanismo para las finanzas públicas. También planteó determinar si el Estado tendría capacidad para aplicarlo de forma efectiva.
Por ello, propuso una revisión técnica, fiscal y económica de la política de beneficios para adultos mayores.
Finalmente, la organización pidió al mandatario vetar el proyecto 226 en su totalidad y abrir una discusión sobre su financiamiento.
