El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaron un paquete de $620 millones a El Salvador para apoyar el sistema de salud público y las reformas para garantizar la sostenibilidad macroeconómica y fiscal.
Un tramo de $120 millones corresponde a una operación del Banco Mundial, cuyo financiamiento se destinará a fortalecer la atención de salud durante cinco años de ejecución. El préstamo se destinará a mejorar la infraestructura, equipamiento, expansión de servicios personalizados, digitalización de servicios y desarrollo de redes de salud.
“Este proyecto representa una oportunidad única para transformar el sistema de salud en El Salvador”, afirmó Carine Clert, gerente de país para El Salvador y Costa Rica del Banco Mundial, quien aseguró que el financiamiento se ejecutará en coordinación con el Ministerio de Salud.
La operación más onerosa es de $500 millones aprobados por el BID, destinados a promover la sostenibilidad macroeconómica y fiscal en el marco del programa de asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobado en febrero pasado por $1,400 millones.
A través de un comunicado, el BID indicó que el financiamiento dará espacio fiscal al gobierno de Nayib Bukele para avanzar en las reformas que permitan aumentar los ingresos tributarios, reducir la deuda pública y reconstruir las reservas internacionales, así como mejorar la gobernanza y la integridad financiera.
El BID y el Banco Mundial son parte del club del FMI para desembolsar $3,500 millones al gobierno salvadoreño mientras se implementa el programa de asistencia de 40 meses. Dicho proyecto compromete a la Administración Bukele a limitar su intervención en el ecosistema del bitcoin y a realizar un ajuste fiscal de 3.5 puntos del producto interno bruto (PIB).
El ajuste fiscal se debe realizar en tres años, iniciando en 2025 con un tramo de 1.5 %, por lo que el gobierno implementará duros recortes en el gasto público mientras amplía la base de contribuyentes. El Ministerio de Hacienda planteó al FMI una reducción de los empleados públicos y racionalización del gasto para mantenimiento de edificios.
