El Gobierno guatemalteco evalúa un paquete de hasta diez acciones para mitigar el impacto del alza en los combustibles, en medio de una crisis petrolera global que ya afecta la economía de los hogares.
El aumento acelerado de los precios de los combustibles en Guatemala, con el diésel por encima de los 40 quetzales (unos US$5.2 dólares) por galón, ha encendido las alertas en el Gobierno, que analiza hasta 10 medidas para reducir el impacto en la población. La crisis responde a factores internacionales vinculados al conflicto en Oriente Medio.
El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, explicó que el país enfrenta una de las mayores interrupciones petroleras de las últimas décadas, con efectos en la producción, refinación y transporte del crudo a nivel global.
El funcionario señaló que esta situación genera una presión directa sobre los precios locales, afectando no solo el combustible, sino también el costo del transporte y de los alimentos en Guatemala.
Ante este escenario, el Ejecutivo ha reforzado el llamado Plan Centinela, un sistema de monitoreo para detectar posibles abusos en los precios de los combustibles en estaciones de servicio.
Las autoridades han abierto expedientes contra gasolineras que presentan variaciones superiores al 20% respecto a los precios de referencia establecidos semanalmente por el Ministerio.
Pese a la presión social, el Gobierno descartó implementar controles de precios, al señalar que la legislación vigente no permite fijar topes en el mercado de combustibles.
En cambio, se analizan subsidios focalizados, especialmente dirigidos al transporte público, de carga y a hogares vulnerables mediante el apoyo al gas propano.
Además, el Ejecutivo evalúa un conjunto de hasta diez medidas de mitigación, aunque no ha detallado cuáles serán priorizadas, ya que la decisión final dependerá del presidente y del gabinete económico.
Mientras tanto, el Congreso discute propuestas como la eliminación de impuestos, subsidios generalizados y la creación de un fondo compensatorio, en medio de un debate sobre el uso eficiente de los recursos públicos.
