La economía de Nicaragua cierra el 2025 golpeada por el arancel del 18 % que Estados Unidos impuso desde abril a las importaciones procedentes de ese país, lo cual representa un sobrecosto estimado en $582.5 millones al año, con efectos directos en el PIB, el empleo y la inversión privada, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) titulado “La economía, el lado flaco de la dictadura Ortega-Murillo de Nicaragua”.
Las perspectivas para el próximo año lucen poco prometedoras debido a posibles nuevas sanciones comerciales desde Washington, impulsadas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las medidas se fundamentan en denuncias por violaciones a derechos humanos, laborales y por el debilitamiento del Estado de Derecho por parte de la dictadura Ortega-Murillo.
Estados Unidos sigue siendo el principal socio económico de Nicaragua, por lo que cualquier sanción adicional tendría un impacto inmediato y severo. La Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) identificó prácticas desleales del régimen y abrió un proceso de consulta como paso previo a una posible escalada de restricciones comerciales.
A pesar de los cuestionamientos internacionales, organismos como el Fondo Monetario Internacional continúan avalando las políticas económicas del gobierno de Ortega. Sin embargo, la administración Trump endureció su postura, fijando un arancel más alto para Nicaragua (18 %) en comparación con el aplicado al resto de Centroamérica (10 %). Esta diferencia pone en desventaja las exportaciones nicaragüenses, afectando duramente a su sector productivo.
El propio régimen ha reaccionado intentando suavizar su imagen con acciones como el traslado de prisioneros políticos a arresto domiciliario. Sin embargo, organismos independientes denuncian que estas medidas no significan una apertura real ni el restablecimiento de las libertades públicas en el país.
Creciente precariedad de la población
El informe de CETCAM también advierte que la ciudadanía vive una creciente precariedad. Una encuesta reciente reveló que el 51 % de los nicaragüenses no tuvo dinero suficiente para comprar alimentos durante el mes, y el 70 % percibe un alza constante en el costo de vida. El alza en los precios de los productos de la canasta básica rebasa la capacidad adquisitiva de la población.
CETCAM señala que la situación se agrava con la persecución fiscal a pequeños comerciantes, el cierre de proyectos de cooperación para sectores vulnerables y una creciente corrupción estatal. Además, las nuevas políticas migratorias estadounidenses han comenzado a afectar el envío de remesas, que representan cerca del 30 % del PIB de Nicaragua y son fundamentales para la supervivencia de miles de hogares.
