Contrario a la versión proclamada por los gobiernos de la región de que los aumentos en los alimentos se deben a presiones internacionales, un análisis del Banco Mundial concluye que los determinantes “reales” corresponden a factores internos.
El análisis, titulado Ecos de inflación: desempaquetando los impulsores de los precios de los alimentos en Centroamérica, señala que el vínculo entre los valores mundiales con los alimentos y los fertilizantes en el mercado local es “sorprendentemente débil para la mayoría de los países de la región”.
“Esto significa que la reciente inflación récord y la crisis de seguridad alimentaria observadas en Centroamérica solo están impulsadas en parte por aumentos de precios internacionales, y que sus determinantes reales son más probables internos”, indica el Banco Mundial.
La mayoría de los países de ingreso bajo y mediano, y 10,9 % de países de ingreso alto, aún experimentan una elevada inflación de los precios de los alimentos.
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— Banco Mundial (@BancoMundial) August 7, 2024
Según el multilateral, los mercados regionales de la agroindustria están muy concentrados y con medidas paliativas temporales. Durante los períodos de fuerte inflación, los países centroamericanos fueron capaces de proporcionar un alivio inmediato a las crisis alimentarias, a expensas de los consumidores.
La institución recuerda que la pandemia de covid-19 causó un rompimiento en las cadenas de valor agrícolas, que derivó en un aumento a nivel mundial. En 2022, los alimentos y los fertilizantes alcanzaron precios récords en 60 años por la invasión rusa en Ucrania.
En ese período, Centroamérica sufrió un “espectacular” crecimiento en los precios de los alimentos, que condujo a cientos de ciudadanos a condiciones de pobreza. Solo en Honduras, un 56 % de la población enfrentó inseguridad alimentaria entre 2020 y 2022. Este país también sufrió una inflación mensual interanual de los alimentos en 12 % entre mayo de 2022 y el mismo mes de 2023.
El Banco Mundial propone tres opciones a Centroamérica para reducir su volatilidad. Una incluye una reducción de las medidas de protección de las fronteras para importar insumos alimentarios y agrícolas, así como revisar las medidas de apoyo a los agricultores para pasar de la entrega de insumos a facilitar el acceso a mercados y financiamiento.
Asimismo, recomienda una mejora en la prestación de bienes y servicios públicos agrícolas, como sistemas de información, investigación y desarrollo agrícola.