Exprisioneros políticos nicaragüenses condenaron el embargo de sus bienes de parte de la dictadura del país centroamericano y calificaron la “acción legal” en su contra como un linchamiento judicial, al que son sometidos como parte de una venganza del régimen que persigue aniquilarlos.
En un comunicado firmado por 74 de los 222 ex reos, liberados el 9 de febrero pasado para ser no solo expulsados del país sino también para retirarles su nacionalidad, consideran que “la ilegal confiscación equivale a la repartición del botín que realizan los criminales al concluir la comisión de sus ilícitos, apropiándose del producto de los mismos”.
Además, dicen, “confirma la relación entre violación de derechos humanos y corrupción, en el marco de la continuada persecución contra ciudadanos sometidos por el tenebrosos sistema penal nicaragüense”.
“La ilegal confiscación equivale a la repartición del botín que realizan los criminales al concluir la comisión de sus ilícitos y confirma la relación entre violación de derechos humanos y corrupción.” Es, como decimos en el comunicado, un linchamiento judicial. pic.twitter.com/ldsQFvfk23
— Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) June 14, 2023
De acuerdo a los firmantes, cuyas casas y otras propiedades fueron confiscadas por el régimen la semana pasada, esto es solo una muestra más de todas las graves violaciones a los derechos humanos que comete Daniel Ortega y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo.
El comunicado denuncia la falta del debido proceso legal, la fabricación de pruebas, la ausencia de un trato justo y el sometimiento de los acusados a los caprichos de una cúpula política perversa.
“La no trascendencia de la pena tampoco se está respetando con nuestros familiares, lesionando el derecho al trabajo, a permanecer, salir o reingresar a su patria, y convirtiendo así a Nicaragua en una fábrica de apátridas”, agrega.
La dictadura de Nicaragua mantiene una campaña contra los opositores a quienes encarcela bajo argumentos de “traición a la patria”. Esta se ha extendido incluso a la Iglesia Católica, a la que ya le confiscó cuentas bancarias y la acusa de lavado de dinero.
