Las cuentas bancarias de opositores y periodistas a quienes el régimen de Daniel Ortega les había despojado de su nacionalidad el pasado 15 de febrero, fueron congeladas de manera abrupta. En algunos casos, los afectados no fueron notificados. Un abogado que pidió mantener su anonimato considera que ni las autoridades ni los bancos actuaron de manera legal en este proceso.
El periodista y director de Radio Darío, Aníbal Toruño, fue el primero en denunciar la acción en su contra. Mencionó que el BAC le cerró tres cuentas donde tenía cantidades “considerables” de dinero que pertenecían al patrimonio de su familia.
“La dictadura sigue empeñada a dar golpe por golpe, soy parte de los 94 nicaragüenses a quienes se les quitó la nacionalidad y se les expropió sus bienes, pero si hay algo que no me pueden quitar es mi derecho a seguir informando, por lo tanto, esta acción terrible de cerrarme mis últimas cuentas es lamentable” dijo Toruño en un video que fue divulgado a los medios de comunicación.
Según Toruño, la acción se ejecutó el pasado 10 de marzo, después de su participación en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde denunció la censura a los medios de comunicación críticos con el régimen de Ortega. Además, agregó que el banco no le dio ninguna explicación sobre la medida tomada.
“El BAC sigue silencioso y a pesar de que he pedido explicación a través de su servicio de atención al cliente, que le escribí un texto personal a Juan Carlos Sansón (Country Manager de BAC Credomatic Nicaragua), preguntándole por la orden judicial que tenía el banco para bloquear mi cuenta, sigue silencioso”, manifestó el periodista.
Posteriormente, el periodista Wilfredo Miranda y la activista feminista Sofía Montenegro también denunciaron haber sido víctimas del bloqueo de sus cuentas.
“Sin notificación alguna, ya sea una llamada o un correo electrónico, tres bancos de Nicaragua me bloquearon mis cuentas, después que la dictadura Ortega Murillo nos despojó de la nacionalidad. Les ha pasado a otros”, dijo Miranda a través de Twitter.
Además, Montenegro, quien se vio obligada a huir de Nicaragua a principios de marzo y hoy se encuentra refugiada en Costa Rica, denunció que también le habían bloqueado su cuenta bancaria.
“Me bloqueó el BAC mi cuenta de ahorro y la tarjeta de crédito: tan ladrones como el gobierno”, recalcó en redes sociales.
A pesar de esta situación tan complicada para los opositores o para quienes guardan una opinión diferente en torno a la dictadura, ni Ortega ni la banca privada han dicho algo sobre las denuncias realizadas por los afectados.
Determinación y procedimiento no ha sido legal
Pero es válido preguntarse ¿qué dice la ley sobre el cierre de cuentas bancarias en Nicaragua? ¿cuándo y cómo permite la ley el cierre de cuentas bancarias?
En este contexto, un abogado que ha preferido mantenerse bajo el anonimato, para evitar las represalias de la dictadura, considera que respecto a los casos de los nicaragüenses que han sido despojados de su nacionalidad y el cierre de sus cuentas bancarias, no se siguió un procedimiento bajo los lineamientos legales y en ello, los bancos han fallado “pareciera más bien que están actuando por presiones del gobierno”, piensa.
El jurista explica que existen dos tipos de procedimientos para el bloqueo de cuentas bancarias. El primero es a través de una orden judicial emitida por un juez, y a través de ello, se ordena al banco realizar un procedimiento para congelar las cuentas, y se justifica que tal determinación se realiza debido a que la cuenta se encuentra sujeta a investigación por el enjuiciamiento del dueño de la misma.
El segundo obedece a cuando la Policía solicita a la autoridad judicial bloquear una cuenta, siempre y cuando haya sospechas de que se está cometiendo un delito, como lavado de dinero.
De acuerdo con especialistas, bloquear una cuenta solo se da cuando se está en un juicio civil.
“Comúnmente sucede cuando una persona tiene una deuda y no ha pagado”, en consecuencia es posible congelar una cuenta siempre y cuando la persona se encuentre en proceso penal sujeta a investigación por lavado de dinero, crimen organizado, narcotráfico u otros delitos.
“Eso no pasa en el caso de estas personas (despatriados) y a todas luces es una acción violatoria de sus derechos”, comentó el abogado.
Por otra parte, teóricamente los afectados podrían tener la oportunidad de presentar una queja ante la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), a pesar de ello, “tienen otro problema: que les quitaron la nacionalidad y la SIBOIF no los va a reconocer como nicaragüenses, agrega el especialista. Además la Siboif es un instrumento controlado por la dictadura de Ortega, no es un órgano independiente y por tanto ya estarían en desventaja”, señaló el letrado.
Bancos deben avisar
El abogado explica que, según su experiencia, los bancos no pueden cerrar una cuenta de forma unilateral, sino que esta acción debe estar respaldada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). De hecho, en marzo de 2022, la UAF publicó un artículo en el que menciona que los bancos deben informar a los titulares de las cuentas sobre esta medida.
“Dentro de los derechos que tienen los usuarios de los servicios financieros, se encuentra el derecho de recibir información por lo que debería ser una obligación de la entidad de ofrecer alguna respuesta al cliente, al menos indicándose que no cumple con la política de aceptación de clientes por parte de la entidad bancaria”, detalló la UAF.
Asimismo el abogado expone que los bancos tienen la obligación de notificar por escrito a las personas cuando la instancia va cerrar la cuenta, en el que expresa las razones. “Ni siquiera por correo. Tiene que ser un documento escrito dirigido al dueño de la cuenta y que puede ser enviado a su domicilio o su centro de trabajo”, resalta.
Por otro lado, en referencia al dinero que tenían las personas afectadas en sus respectivas cuentas, estima que no debería de desaparecer.
“Como la palabra lo dice, está congelado. Como normalmente cuando una cuenta es bloqueada es porque es parte de una investigación, cuando esta termina y se comprueba que no hay delito, el banco puede abrirle una nueva cuenta a la persona con el mismo fondo que había en la cuenta bloqueada. Eso es lo común”, fundamentó.
A pesar del argumento que depone el abogado, en el caso de los despatriados, no se tiene claridad si ellos podrían recuperar su dinero. “Para empezar no sabemos el motivo por el que les bloquearon las cuentas. No sabemos si hay investigación, pero todo apunta a que es una cuestión política”, concluyó el abogado.
