La situación política que se vive en Nicaragua por la dictadura Ortega-Murillo está reflejada en el informe anual presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se plantea que el país cuenta con un régimen político altamente centralista y autoritario.
El documento parte de los informes anuales de los países en sus prácticas de derechos humanos, que se centran en los derechos individuales, civiles, políticos y laborales reconocidos a nivel internacional, consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales.
A lo largo de 5 años, los informes sobre los derechos humanos han sido un mecanismo clave para los gobiernos, investigadores, instituciones de derechos humanos, periodistas y voces críticas de todo el mundo que laboran por la promoción y el respeto de los derechos humanos alrededor del mundo, así como la rendición de cuentas por la justicia.
La construcción del informe que presenta Estados Unidos parte de la relación directa de los informes individuales que cubren 198 países. Y resalta la gravedad de la situación de los derechos humanos en países con gobiernos autoritarios como Cuba, Venezuela y Nicaragua, los cuales han condenado a cientos de personas que se han manifestado de forma pacífica producto de las injusticias y la represión gubernamental.
Derechos humanos en decadencia
El informe registra todas las acciones que han sido reportadas desde diferentes instancias no gubernamentales, periodistas y medios de comunicación que se han encargado de documentar cada una de las acciones implementadas por el régimen en contra del mismo pueblo nicaragüense.
Finalmente, el amplio informe contiene testimonios que descubren el accionar de Ortega- Murillo, sustentado bajo el odio y el desprecio hacia la sociedad del país centroamericano.
Y en ese camino, se decriben las acciones implementadas como la tortura, detenciones y enjuiciamientos arbitrarios, condenas, desapariciones, arrestos arbitrarios, persecuciones.
Negación a juicios públicos de los presos políticos, interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia y la libertad de expresión, entre otros.
Una dura y cruel realidad
El reporte resalta que el partido de gobierno sandinista tiene un control absoluto en los poderes del Estado, es decir, las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales del país. Además, el informe menciona que Ortega se adjudicó un cuarto mandato consecutivo en unas elecciones que han sido cuestionadas a nivel internacional realizadas en el 2021, y que producto de ello, la dictadura se empeñó en encarcelar arbitrariamente a más de 40 figuras de la oposición.
“Además, de prohibir la participación de todos los partidos políticos de oposición creíbles, bloquear los esfuerzos legítimos de observación internacional y cometer un fraude electoral generalizado. Los grupos de observadores independientes y las organizaciones internacionales caracterizaron el proceso electoral como gravemente defectuoso, carente de credibilidad y definido por una participación electoral históricamente baja”, reza el informe.
Asimismo se refleja el reporte del proceso electoral del 2021, el cual sirvió para que la dictadura ampliará la mayoría calificada del partido de gobierno en la Asamblea Nacional, aprovechando las reformas y cambios a la constitución (hechas por los mismos sandinistas) que prohibía la restricción del poder ejecutivo y alcaldes.
A través de esa acción, ideológicamente preparada y concertada estratégicamente, el oficialismo consagró y consolidó el poder absoluto en las elecciones municipales de noviembre pasado, en la que hubo un abstencionismo histórico donde la mayoría de la población habilitada para poder votar, optó por no participar, al ganar paradójicamente los 153 municipios.
El rol de la policía y el ejército
Cada una de estas dos instituciones tiene finalidades específicas consignadas en los instrumentos jurídicos de Nicaragua, la Policía Nacional vela por la seguridad interna, mientras que el Ejército se encarga de la seguridad externa, pero que asume otras internamente. Y que constitucionalmente entregan sus reportes al presidente de la república.
Ambas instituciones han sido ampliamente cuestionadas por organismos de derechos humanos del país, medios de comunicación, miembros de la sociedad civil, analistas políticos e instancias de derechos humanos internacionales, al relacionarlos con la opresión empleada contra el pueblo nicaragüense para intimidarlos y someterlos al miedo de ser apresados.
Pero también, han sido parte fundamental de la represión contra la sociedad desde el 2018, dado que se han registrado que los parapoliciales, identificadas como unidades no uniformadas, pero sí armadas y enmascaradas, guardan y tienen un entrenamiento táctico y de organización jerárquica laxa, quienes actúan coordinadamente con las fuerzas de seguridad del gobierno, los cuales pasan sus debidos reportes a la policía nacional.
“Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad policiales, militares y parapoliciales. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos”, relata el informe.
Violación profunda de los derechos humanos
El informe, además, menciona asuntos importantes sobre los derechos humanos, partiendo de informes informes fidedignos sobre ejecuciones ilícitas, arbitrarias o extrajudiciales, así como tórtura, tratos inhumanos y penas crueles o degradante por los guardias del sistema penitenciario y parapoliciales.
Asimismo, se resalta las condiciones precarias penitenciarias duras y potencialmente mortales.
Otra de las acciones que ha implementado la dictadura en contra de quienes no procesan ni justifican su actuar, ha sido los masivos arrestos y detenciones arbitrarias que han constituído por ende en prisioneros políticos.
El régimen ha extendido sus tentáculos y traspasó las fronteras para continuar con el asedio de las personas que se han ido al exilio, ocasionando de esta manera una represión transnacional contras las personas que se ubican en otros países, quienes huyen de la persecución y el asedio que la dictadura ejerce a través de la policía, parapoliciales y paramilitares.
El poder judicial
El documento que ha sido publicado por Estados Unidos refleja el detrimento y los grandes problemas que tienen los poderes del Estado, por ejemplo, el poder judicial es controlado y no goza de independencia como lo establecen sus lineamientos y normativas institucionales, todo ello conlleva a que el régimen tome las decisiones sin llevar un proceso libre, transparente y democrático.
El informe también destaca la grave situación que viven los periodistas y medios de comunicación en Nicaragua, los cuales en su mayoría han sido cerrados y confiscados por la dictadura, como el caso de La Prensa. Mientras que los periodistas independientes han tenido que huir del país para evitar ser condenados por el régimen, como el caso de los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, quienes fueron presos políticos y luego desterrados.
En este sentido, el relato destaca que hay “serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluidas amenazas de violencia contra periodistas, detenciones injustificadas de periodistas y censura”.
Leyes que limitan la reunión
La dictadura han establecido leyes que van más allá, como la de ciberdelitos, la cual ha sido ajustada para que nadie pueda comentar ni criticar nada referido a las acciones que realiza el gobierno, a manera de ejemplo, han sido las declaraciones del Papa Francisco, la cual el régimen ha acudido a dicha ley para romper relaciones diplomáticas con la santa sede.
“Interferencia sustancial con los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación, incluyendo leyes demasiado restrictivas sobre la organización, financiación o funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil”, dicta el archivo.
Producto del odio y persecución contra la iglesia católica, hay “severas restricciones a la libertad religiosa”, y que como resultado de ello, también se han prohibido las procesiones de Semana Santa.
Restricciones, corrupción e impunidad
La dictadura Ortega-Murillo también ha restringido la libertad de circulación, así como residencia dentro del país, y también la prohibición de salida del país, destaca el documento.
Además, el gobierno de los Estados Unidos en su informe, resalta el alto desarrollo de la corrupción gubernamental la cual la cataloga como grave, que le acompaña con el relato de “serias restricciones gubernamentales y hostigamiento de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos”.
A esa larga lista de violaciones de los derechos humanos se suma la falta de atención y seguimiento adecuado a los problemas de violencia de género, así como los delitos que involucran amenazas de violencia y amenaza contra las etnias y comunidades indígenas, las cuales siguen experimentando grandes problemas en sus territorios legalmente demarcados.
