El asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez provocó una noche de tensión en San Pedro Necta, Huehuetenango, donde pobladores incendiaron una subestación policial, una vivienda y un vehículo tras conocer el crimen.
López fue atacado a tiros durante la noche del viernes 2 de octubre cuando se dirigía hacia su casa. Medios locales señalaron que el comunicador habría denunciado amenazas de muerte días antes, aunque las autoridades todavía no han establecido públicamente el móvil del asesinato.
La indignación se trasladó rápidamente a las calles. Vecinos exigieron a la Policía Nacional Civil (PNC) capturar a una persona a la que señalaban como posible responsable y, ante la falta de una detención, un grupo incendió la subestación policial del municipio.
También fueron quemados una vivienda y un vehículo tipo pick-up que los pobladores atribuían al supuesto sospechoso. La PNC aclaró posteriormente que no había detenido a ninguna persona vinculada al ataque y señaló que todavía no contaba con un informe oficial completo sobre los disturbios.
La Asociación de Prensa de Huehuetenango condenó el asesinato y reclamó al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público una investigación exhaustiva y transparente que permita identificar tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen.
El gremio también pidió medidas de protección para los comunicadores del departamento y advirtió que el asesinato vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad en las que trabajan periodistas, especialmente quienes ejercen su labor fuera de la capital.
El crimen de López ocurre poco más de cinco meses después del asesinato de Carlos Humberto Cal Ical, periodista atacado a tiros el 26 de abril en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Su muerte fue registrada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y condenada por la UNESCO.
Con estos dos casos, Guatemala enfrenta en 2026 una nueva alerta por la violencia contra comunicadores. Organizaciones internacionales han pedido investigaciones que permitan determinar si los ataques estuvieron relacionados con su labor periodística y evitar que los crímenes queden impunes.
