El Gobierno de Guatemala presentó ante la Comisión de Gobernación del Congreso una serie de iniciativas para reformar el artículo 264 del Código Procesal Penal, con el objetivo de fortalecer la respuesta contra la delincuencia organizada, limitar beneficios para detenidos con armas ilegales y ampliar el control telemático en los procesos judiciales.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que una de las propuestas busca restringir las medidas sustitutivas para las personas detenidas por tenencia o portación ilegal de una o más armas de fuego. La iniciativa pretende impedir que presuntos sicarios o integrantes de estructuras criminales recuperen rápidamente su libertad y posteriormente reincidan.
“Hemos capturado sicarios con un arma de fuego ilegal, y a los días recuperan su libertad a través de una medida sustitutiva; al poco tiempo los volvemos a detener con una nueva arma de fuego o luego de darle muerte a una persona. Entonces, si queremos cambiar esta dinámica homicida en el país, definitivamente tenemos que limitar el otorgamiento de medidas sustitutivas a aquellas personas que andan con un arma de fuego ilegal”, enfatizó el titular de la Cartera del Interior.
La Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia Armada estima que 1.6 millones de armas de fuego ilegales circulan en Guatemala. Las fuerzas policiales incautaron 3,835 armas ilegales durante 2025, mientras que en el primer trimestre de 2026 los decomisos aumentaron 32 % en comparación con el período de referencia señalado por las autoridades.
Otra de las reformas pretende impulsar el uso del control telemático como alternativa a la prisión preventiva. El mecanismo permite colocar dispositivos electrónicos a personas sometidas a procesos penales para que permanezcan en libertad mientras resuelven su situación jurídica, pero sujetas a monitoreo permanente de su ubicación.
“Esto nos ayudará al deshacinamiento de las cárceles, evitando que gente que pueda ir a prisión preventiva acceda al uso del control telemático y pueda estar en libertad mientras su proceso se desarrolla”, añadió. La Unidad de Control Telemático del Ministerio de Gobernación tiene capacidad para monitorear simultáneamente a más de 3,000 personas y actualmente mantiene aproximadamente 400 dispositivos colocados.
La reforma también busca responder al hacinamiento del sistema penitenciario guatemalteco. Los 25 centros de detención del país tienen capacidad para albergar a 6,908 privados de libertad, pero actualmente mantienen aproximadamente 24,000 reclusos, más de tres veces su capacidad instalada. Su custodia está a cargo de unos 4,000 agentes del Sistema Penitenciario distribuidos en dos turnos.
El Ministerio de Gobernación sostiene que las modificaciones legales deben acompañar la transformación de la gestión penitenciaria para fortalecer los controles en las cárceles, impedir el ingreso de objetos ilícitos y evitar que los reclusos continúen cometiendo delitos desde los centros de detención. El Gobierno considera que combinar restricciones para detenidos con armas ilegales y alternativas tecnológicas a la prisión preventiva permitiría atender simultáneamente problemas de seguridad y sobrepoblación penitenciaria.
