El economista y dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro advirtió que la propuesta de ley S.5369, introducida en el Senado de Estados Unidos (EE.UU.), busca asfixiar directamente el comercio del oro y los negocios de la cúpula militar al servicio de la dictadura de Nicaragua.
En un video en X, Chamorro señaló que la iniciativa busca reactivar las sanciones económicas impuestas desde 2018 contra la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo y expandirlas hasta el año 2035.
Respuesta a la clausura democrática
A través de su cuenta oficial en X, el excarcelado político vinculó la medida de Washington con la negativa del régimen a abrir vías hacia comicios transparentes. Chamorro argumentó que la reactivación legislativa surge ante la ausencia total de condiciones democráticas en el país centroamericano.
«Ante la negativa de realizar elecciones en Nicaragua el Congreso de EEUU, cámara del Senado por medio del Senador Cruz reactiva la Nica Act para imponer sanciones al régimen», enfatizó el líder opositor al evaluar el proyecto remitido a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
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Golpe al oro y al brazo financiero militar
El proyecto de ley bipartidista, impulsado por el republicano Ted Cruz y el demócrata Tim Kaine, apunta de manera directa contra los pilares financieros de Managua.
La propuesta fija la mira en la industria aurífera —consolidada como el principal rubro de exportación del país y objeto de extensas concesiones a capitales chinos— e incorpora expresamente al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
El IPSM administra los activos y fondos de retiro de las Fuerzas Armadas nicaragüenses, señaladas por organismos internacionales por su respaldo operativo a las medidas represivas estatales desde 2018.
La legislación habilitaría sanciones directas contra operadores mineros foráneos, restringiendo el flujo de divisas que sostiene el aparato oficial.
Foco en alianzas geopolíticas
El texto legislativo extiende además el esquema sancionatorio hacia las violaciones a la libertad de culto, los juicios arbitrarios contra dirigentes cívicos y la cooperación técnica y material que Managua brinda a Moscú y Teherán.
Según el análisis de Chamorro, el paquete de reformas no solo intensifica la presión financiera sobre la cúpula gobernante, sino que formaliza un mecanismo que condiciona el acceso a financiamiento internacional a una apertura institucional verificable en Nicaragua.
