La denuncia presentada ayer por la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, junto con diputados oficialistas, difícilmente podría prosperar. Al estar dirigida contra 4 magistrados de la Sala Constitucional, la normativa establece que el caso debe ser conocido por un pleno conformado por magistrados suplentes. No obstante, ese trámite no podría llevarse a cabo. Esto se debe a que la Asamblea Legislativa aún no ha realizado los nombramientos correspondientes. Además, esto sucede en medio de la negativa de la fracción oficialista a respaldarlos.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia José Manuel Arroyo explicó que al tratarse de una denuncia contra los magistrados de la Sala Constitucional, entonces esta tendrá que ser conocida por el Tribunal de la Corte que está integrado por 22 magistrados.
En ese proceso, los cuatro denunciados tendrán que apartarse del proceso y tendrían que intervenir sus suplentes. Sin embargo, no hay suplentes nombrados por la Asamblea Legislativa porque este organismo se ha negado tres veces a elegir a los nuevos funcionarios.
“Como han querido paralizar a la Sala Constitucional, sería imposible tramitar una denuncia, puesto que va dirigida contra cuatro de sus miembros y se requeriría un tribunal suplente que la conozca. Esto es una razón más para concluir que la Sala Constitucional resolvió correctamente al evitar que un servicio público fundamental colapsara”, argumentó Arroyo.
Choque de poderes
La denuncia surgió luego que los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya decidieran prorrogar las funciones de los suplentes que terminaron su período en diciembre de 2025 porque los legisladores se negaron a elegir a los nuevos funcionarios y algunos trámites se han retrasado por falta de suplentes.
Los diputados de Pueblo Soberano en tres ocasiones se han negado a completar la elección. En un primer momento, el oficialismo dijo que rechazaba la lista por no conocer los perfiles de los candidatos. Luego pidió a la Corte Suprema de Justicia que ampliara de 18 a 24 la lista de aspirantes. Por último, devolvió la lista a la Corte, aunque eso implicaría que las magistraturas sigan vacantes por al menos un año más.
Para Arroyo, la denuncia de los oficialista “es una contradicción” porque “no parece coherente desde el punto de vista jurídico ni político” y cree que es posible que tanto el Ejecutivo como la Asamblea supieran que la denuncia no podría proceder por la falta de suplentes.
La presidenta Fernández argumenta que los cuatro magistrados son “usurpadores de la división de poderes” y aseveró que la decisión de ampliar el plazo de los suplentes “es un grave ataque” y los acusó de desconocer la Constitución.
Los magistrados han sostenido que la decisión solo busca preservar el orden jurídico para resolver los recursos de los ciudadanos que exigen sus derechos y rechazaron las declaraciones de Fernández sobre un golpe de Estado a la Asamblea.
Oficialismo no permitió condena a declaraciones de Fernández
Por la tarde del lunes, los diputados opositores presentaron una moción para emitir una condena a las declaraciones de la presidenta Fernández en que decía que la prórroga de funciones era un “golpe de Estado”, pero Pueblo Soberano se opuso.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Diana Murillo, dijo que las declaraciones de la mandataria son “inaceptables y condenables” y cuestionó la denuncia interpuesta contra los magistrados porque son los mismos oficialistas quienes se niegan a elegir a los nuevos funcionarios.
