Nicaragua se ha convertido en una nación atrapada entre el miedo, el desencanto y el deseo masivo de huida bajo una dictadura familia brutal y corrupta, que lleva casi 20 años aferrados a fuerza al poder.
En un entorno sofocante, marcado por la violación sistemática de los derechos humanos y la anulación total del Estado de derecho, la ciudadanía parece haber llegado a un punto de quiebre.
Los datos más recientes de la decimoquinta consulta ciudadana elaborada por la organización Hagamos Democracia (Nic-CR) dibujan un retrato crudo: el pesimismo se ha adueñado de ocho de cada diez habitantes y más de la mitad del país elegiría empacar sus pertenencias y cruzar las fronteras si tuviera la oportunidad.
El régimen que encabezan los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desmantelado metódicamente el tejido democrático del país, cerrando espacios de participación organizada, encarcelando o desterrando a opositores y persiguiendo cualquier atisbo de disidencia.
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Un país en desbandada
El hallazgo más estremecedor del estudio confirma la gravedad del drama humano que atraviesa la nación: el 57.7% de los nicaragüenses emigraría si pudiera.
La desesperada búsqueda de un horizonte seguro encuentra su punto más crítico entre las generaciones jóvenes. En el segmento de entre 18 y 25 años, el deseo de abandonar la patria alcanza una cifra desgarradora que roza el 86.4%.
Las razones de este éxodo masivo hunden sus raíces en el deterioro acumulado desde la represión de 2018.
Un 75% de los encuestados señala la asfixia económica como el detonante principal para marcharse, seguido de un 42% que atribuye su decisión a la desesperanza ante la crisis política.
La falta de empleo, el recorte absoluto de las libertades individuales y el acoso e intimidación directa por parte del aparato estatal completan un cuadro donde quedarse equivale a asumir la vulnerabilidad permanente.
Respecto a los destinos proyectados, Estados Unidos (57%), Costa Rica (19.7%) y España (18.8%) se mantienen como los principales refugios para la diáspora.
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La farsa electoral: sin fe en un cambio pacífico para 2027
La perspectiva sobre el rumbo político tampoco ofrece resquicio al optimismo. Al eliminar la abstención metodológica (las respuestas de quienes prefirieron no contestar o declararon no saber), el 59.9% de la población opina que no existirá un proceso electoral libre y transparente en 2027.
Esta desconfianza sufrió un desplome drástico de más de 15 puntos porcentuales respecto a las mediciones de inicios de año, reflejando el acelerado deterioro de la percepción pública sobre las intenciones del régimen.
Para que un hipotético proceso comicial tuviera alguna validez legal y legítima, la ciudadanía demanda garantías mínimas que hoy parecen inalcanzables bajo el mandato dinástico.
La mayoría pide el restablecimiento de las libertades públicas (63.6%), la liberación de los presos políticos (55.6%), la presencia de observación internacional independiente (50.5%) y una reforma integral del Consejo Supremo Electoral (49.7%).
