La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo moderó su discurso represivo, pero mantiene intacto su propósito de prohibir el derecho de elecciones libres en Nicaragua.
Tras la ola de condenas internacionales por anunciar el fin de los comicios tradicionales, el régimen presenta ahora su plan como una reforma para garantizar “elecciones soberanas”.
Sin embargo, las declaraciones de sus operadores políticos confirman la verdadera meta: impedir la participación de la oposición real y asegurar la permanencia de la familia dictatorial en el poder.
Gustavo Porras, el sancionado presidente de la Asamblea Nacional al servicio de la familia, y la cruel co dictadora Rosario Murillo hablan ahora de “fortalecer la democracia” y “proteger la soberanía” y “defender la paz” mediante “reformas electorales”.
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Un cambio de fachada constitucional
A pesar de este lenguaje, ambos ratifican el pilar del proyecto: elevar a rango constitucional la exclusión de opositores, catalogándolos como “traidores a la patria”.
Esta etiqueta ha servido durante años para cometer masivos crímenes de lesa humanidad como asesinar opositores, encarcelar, desterrar y despojar de su nacionalidad a las voces críticas como periodistas, sacerdotes, empresarios, estudiantes, campesinos…
Porras confirmó que la Asamblea y el Consejo Supremo Electoral, ambos sometidos al régimen, redactan un nuevo marco legal.
Esta norma prohibirá la competencia de actores considerados afines a intereses extranjeros y eliminará la observación internacional.
Así mismo, la dictadura decidirá en alcoba quiénes son candidatos legítimos, mientras el arbitro electoral actúa como un muro de contención contra cualquier alternativa democrática.
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La institucionalización del bloqueo político
La propuesta formaliza el modelo de exclusión vigente desde 2021, cuando la dictadura encarceló a los aspirantes presidenciales, canceló partidos y expulsó a observadores.
Murillo reforzó esta postura al afirmar que Nicaragua celebrará únicamente comicios “diseñados y coordinados” por las instituciones bajo control sandinista.
De esta forma, el régimen intenta matizar la alarma inicial, pero retiene el control absoluto sobre las reglas del juego.
Este ajuste discursivo responde a la presión de gobiernos democráticos, juristas y organismos de derechos humanos, quienes advierten sobre la instauración de un sistema de partido único.
Estados Unidos y diversos actores internacionales rechazaron el desmantelamiento del orden constitucional. Lejos de atender las advertencias, la dictadura redefine los conceptos de libertad y soberanía para erradicar la competencia efectiva.
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La soberanía como escudo represivo
El régimen apela nuevamente al discurso antiinjerencista para justificar el cierre de espacios.
Desde la sangrienta represión de las protestas de 2018, la dictadura utiliza la acusación de “injerencia extranjera” para clausurar universidades, confiscar bienes, silenciar medios de comunicación y prohibir miles de organizaciones civiles.
Las reformas en marcha representan el paso definitivo de esta estrategia.
El régimen ya no solo controla los comicios a través de instituciones subordinadas, sino que modifica la Carta Magna para perpetuar la exclusión de la oposición.
El cambio de tono y discurso sin embargo no altera la realidad: la dictadura sustituye el lenguaje de la prohibición por el de la soberanía, pero consolida un sistema donde el poder no depende del voto ciudadano, sino de la voluntad de una familia aferrada a sangre y fuego al poder durante 19 años.
