La Asamblea Legislativa de Costa Rica avanza en el estudio de una proyecto que reforma la Ley sobre estupefacientes y la Ley reguladora del mercado de valores para los bancos puedan congelar hasta por 72 horas fondos irregulares que sean sospechosos de proceder de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea dictaminó favorablemente una reforma para que las entidades bancarias puedan congelar fondos con sospechas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Aunque el plazo inicial de retención sería de 72 horas, este podrá ampliarse durante investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Los diputados han alegado que las reformas buscarían acoplarse a estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Las reformas contemplan la incorporación de la “persona expuesta políticamente (PEP)”, en la que se incluirían funcionarios del gobierno, diputados, magistrados, partidos políticos y representantes de organismos internacionales.
Los cambios de ley incluirían que los funcionarios mantengan esa condición de “persona expuesta políticamente” no solo durante el ejercicio de su cargo, sino ocho años más, mientras que los presidentes lo mantendrían permanentemente.
Además, los bancos tendría la facultad de mantener especialmente supervisados con controles reforzados a los PEP y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, a sus socios y ciudadanos estrechamente vinculados.
Las instituciones bancarias también tendrían que verificar el origen de los fondos, monitorear las operaciones y en algunos casos enviar reportes de transacciones sospechosas al ICD. En esta verificación de los fondos también se incluyen las criptomonedas.
Para mantener en vigilancia a estos funcionarios, las entidades públicas tendrían que enviar a la Contraloría General de las personas catalogadas como PEP y así crear un registro actualizado de los sujetos obligados.
Crearán base de datos de clientes
Las reformas también dan origen a una nueva base de datos que manejará la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) con toda la información de clientes. Asimismo, otorga facultades al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero para que establezca cánones para servicios.
