El Ministerio de Hacienda de Costa Rica propondrá un recorte cercano a los ¢27,000 millones (unos $59 millones) al presupuesto del Poder Judicial para lo que resta de 2026, como parte de un plan de contención del gasto público que el Gobierno presentará mediante un presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa.
El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda y expresidente, Rodrigo Chaves, durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial, donde explicó que la reducción equivale aproximadamente al 5 % del presupuesto asignado para este año y forma parte de una estrategia de ajuste fiscal que también alcanzará a otras instituciones del Estado.
Chaves ha sido un férreo crítico del Poder Judicial desde su periodo presidencial.
“Les estaremos enviando a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario para lo que queda del año 2026, con un recorte de este año del 5 %, que en el caso del Poder Judicial representará 27 mil millones de colones aproximadamente”, afirmó el poderoso exgobernante.
Chaves aclaró que la propuesta no modifica el presupuesto de 2027, sino que busca reducir las autorizaciones de gasto vigentes durante el segundo semestre de 2026 mediante la aprobación de un presupuesto extraordinario.
El ministro sostuvo que el Ejecutivo respeta la independencia de los poderes del Estado, aunque insistió en la necesidad de reducir el gasto público. “Eso es lo que tienen, que les vamos a quitar de autorización de gasto si la Asamblea así lo pone”, manifestó.
La iniciativa deberá ser discutida y aprobada por la Asamblea Legislativa, ya que la legislación costarricense establece que cualquier modificación al presupuesto nacional requiere el aval del Congreso.
“Aquí la que manda es la Asamblea. El Gobierno propone y la Asamblea dispone”, reconoció Chaves al referirse al procedimiento legislativo que deberá seguir la propuesta.
Además del Poder Judicial, el presupuesto extraordinario contempla recortes para otras instituciones, entre ellas la Defensoría de los Habitantes, con una reducción cercana a ¢311 millones ($680 mil), y la Contraloría General de la República, cuyo ajuste rondaría los ¢1,000 millones ($2.2 millones).
El ministro adelantó que la política de austeridad continuará en el proyecto de Presupuesto Nacional de 2027, el cual será presentado en septiembre e incluirá nuevas reducciones en distintas partidas del sector público.
Como parte de la estrategia fiscal, Chaves también anunció un fortalecimiento de las acciones contra la evasión de impuestos y el contrabando. Explicó que el Gobierno ha incrementado los decomisos y operativos de la Policía de Control Fiscal y adelantó la incorporación de nuevas tecnologías para detectar mercancías ingresadas ilegalmente al país.
“Lo hemos dicho muchísimas veces, recoger los impuestos que existen bien, luchar contra la evasión, mejorar la eficiencia del gasto público, reducir el gasto de todos los Poderes de la República, vienen cortes para todos. Aquí no hay ticos con corona”, aseguró.
