La población refugiada y solicitante de asilo en Costa Rica ya representa aproximadamente el 4.5 % de los habitantes del país, reflejando la magnitud que ha adquirido el desplazamiento forzado en la región y el impacto que tiene sobre la sociedad costarricense.
De acuerdo con datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al cierre de 2025 Costa Rica acogía a unas 233,652 personas con necesidades de protección internacional. La mayoría, un 76 %, corresponde a ciudadanos nicaragüenses que abandonaron su país a raíz de la crisis política y social iniciada en 2018.
La situación en Nicaragua continúa siendo el principal factor detrás de este flujo migratorio. Según ACNUR, durante 2025 persistieron las denuncias sobre represión política de parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, restricciones a los derechos civiles e indígenas y presiones en zonas fronterizas, factores que han impulsado a miles de nicaragüenses a buscar refugio en territorio costarricense.
Además de los nicaragüenses, Costa Rica también recibe solicitudes de protección de ciudadanos provenientes de Venezuela, Cuba, Colombia y países del norte de Centroamérica. Sin embargo, los refugiados nicaragüenses continúan representando el grupo más numeroso dentro del sistema de asilo.
Las cifras colocan a Costa Rica como el principal país receptor de refugiados y solicitantes de asilo en Centroamérica. ACNUR estima que durante 2025 el país concentró el 92 % de toda la población refugiada y solicitante de asilo de la región, una situación que ha incrementado la presión sobre los servicios públicos, la vivienda, la educación, la atención sanitaria y las comunidades fronterizas.
Uno de los mayores desafíos continúa siendo el atraso en la resolución de solicitudes de refugio. Aunque el número de expedientes pendientes disminuyó de 217,587 en 2024 a 177,971 en 2025 gracias a procesos de modernización y depuración de casos inactivos, las autoridades todavía enfrentan limitaciones de personal, capacidad operativa y recursos financieros.
La prolongada espera afecta directamente a miles de personas que permanecen durante años en condición migratoria incierta, dificultando su acceso a empleos estables, vivienda permanente y proyectos de vida a largo plazo. Para aliviar parte de esta situación, Costa Rica permite actualmente que muchos solicitantes obtengan autorización laboral desde el momento en que formalizan su petición de refugio.
El Gobierno costarricense también anunció la creación de una categoría migratoria temporal dirigida a ciudadanos de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia cuyos casos de refugio permanecen pendientes, fueron rechazados o declarados improcedentes.
La medida, que entrará en vigor en septiembre, permitirá a los beneficiarios residir y trabajar legalmente durante dos años con posibilidad de renovación. Mientras continúe el flujo de personas que huyen de la persecución y la inestabilidad en la región, Costa Rica seguirá enfrentando uno de los mayores retos humanitarios y de gestión migratoria de su historia reciente.
