La dictadura de Nicaragua creó un comité permanente encargado de administrar, clasificar y subastar bienes y propiedades confiscadas a opositores, organizaciones civiles, medios de comunicación y empresarios desde el inicio de la crisis sociopolítica de 2018.
La medida quedó establecida en el Acuerdo Ministerial 006-2026, publicado esta semana en el diario oficial La Gaceta, mediante el cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público formalizó la creación del Comité de Bienes del Estado.
Según el documento, el organismo tendrá la responsabilidad de autorizar la disposición, transferencia y subasta de activos estatales, así como supervisar los procedimientos relacionados con bienes considerados en desuso, deteriorados o remanentes de procesos anteriores de venta pública.
A subasta lo robado
El acuerdo también contempla la creación de comités ad hoc para organizar y ejecutar subastas específicas de bienes estatales.
La nueva estructura estará integrada por representantes de la máxima autoridad del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Tesorería General de la República y la División de Asesoría Legal. El director de Bienes del Estado participará en las sesiones con derecho a voz, pero sin voto.
La decisión coincide con recientes denuncias de ciudadanos despojados de sus propiedades, quienes aseguran que inmuebles confiscados por las autoridades han sido asignados o vendidos posteriormente a terceros vinculados al oficialismo.
Desde 2018, organismos de derechos humanos, gobiernos occidentales y expertos de Naciones Unidas han denunciado una escalada de confiscaciones contra personas consideradas críticas al Ejecutivo de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Entre los bienes afectados figuran viviendas, universidades, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y las instalaciones de medios de comunicación independientes.
El régimen nicaragüense sostiene que las medidas responden a disposiciones legales aprobadas por la Asamblea Nacional y a procesos administrativos del Estado.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos consideran que las confiscaciones constituyen una violación al derecho de propiedad y forman parte de una estrategia de represión contra la disidencia.
La creación de este comité podría acelerar los procesos de administración y venta de activos incorporados al patrimonio estatal en los últimos años.
